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  Noticias - 25/OCT/98

  
TELEFÓNICA, BAJO PRESIÓN


El juez Garzón abre una investigación para determinar si hay estafa en las llamadas fallidas a Infovía


El fiscal pidió que se admitiera a trámite la querella criminal por presunta estafa contra Juan Villalonga

El juez Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tiene en sus manos el caso de las llamadas fallidas al 055 y el procesamiento de Juan Villalonga, presidente de Telefónica. El popular magistrado, ahora inmerso la tarea de procesar al dictador Pinochet, ha destacado en los últimos años por asumir causas populares de gran eco en los medios de comunicación. Telefónica y su actuación comercial en el mercado español e iberoamericano es contínuo blanco de críticas, especialmente entre la comunidad internauta, que ha organizado dos huelgas, ha obtenido el apoyo unánime del Parlamento y de todos los partidos políticos, ha dado lugar a una nueva asociación que anuncia próximas movilizaciones y ha acuñado el término de Timofónica.

En su último auto sobre el caso, que obra en poder de LaBrujula.Net, Baltasar Garzón ha optado por no admitir a trámite, inicialmente, la querella criminal por presunto delito de estafa contra Villalonga, pero ha decidido abrir una investigación previa, designando peritos de telecomunicaciones, para determinar el curso que da al caso. Fuentes jurídicas y políticas interpretan el hecho como un modo de ganar tiempo por parte del magistrado, a fin de poder detectar cuál es la fuerza real de movilización y la respuesta en los medios a la acción de los internautas.

Antes de emitir el auto, el juez Garzón ha conocido el informe del Ministerio Fiscal, quien, como ya adelantó LaBrujula.Net, pide que se admita a trámite la querella contra Villalonga por unos hechos que, según afirma textualmente, "podrían calificarse de una esfata que afecta a múltiples perjudicados" en diversas comunidades autónomas. Como se sabe, el abogado asturiano Fernández-Mijares, con más de quince años de ejercicio profesional y propietario de dos despachos de letrados, en Oviedo y Las Palmas, interpuso en septiembre una querella criminal contra el presidente de Telefónica, pidiendo prisión como medida cautelar por presunto delito de estafa. Se basaba en el cobro sistemático que Telefónica viene practicando de las conexiones fallidas a Internet, facturando a razón de 11,40 pesetas por llamadas superiores a los 15 segundos, se establezcan éstas o no. Este capítulo le reporta a Telefónica un beneficio adicional al año superior a los 2.000 millones de pesetas, según las organizaciones de consumidores.

Fernández-Mijares, que se considera "un internauta estafado, al igual que miles usuarios", manifestó a nuestro diario que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas, dado que, en su opinión, estamos ante un caso de "estafa organizado", como se demuestra en el hecho de que Telefónica devuelve el dinero por las llamadas fallidas a los usuarios que reclaman. A preguntas de los parlamentarios de la Comisión Internet del Senado, Guillermo Fernández Vidal, consejero director general de Telefónica, señaló que la compañía "sólo cobra cuando se establece la llamada", y explicó que la comunicación puede no progresar por múltiples factores que no son responsabilidad de su empresa. Señaló que en el recorrido intermedio "existe una cadena de modems" que no competen a la compañía.

La razón que esgrime el auto de Garzón, fechado el 21 de octubre, para desestimar la petición del abogado Fernández-Mijares y del Ministerio Fiscal es que el perjuicio causado al letrado asturiano es inferior a las 50.000 pesetas y, por tanto, "no supera la barrera del delito". Sin embargo, deja la puerta abierta a una acción popular, dado que admite implícitamente que podrían existir "múltiples perjudicados" en todo España. En la comparecencia que hizo Fernández-Mijares el 15 de octubre, éste acompañó 305 correos electrónicos con datos de otros perjudicados y estimó que el caso podría afectar a 2 millones de personas.

Examinados hechos y razonamientos jurídicos, Baltasar Garzón Real, dispone "incoar diligencias previas". Y señala: "Practíquense las siguientes diligencias:
- Dar traslado de la denuncia al Presidente de Telefónica
- Desestimar la querella formulada por el Procurador Gabriel de Diego Quevedo. (Éste fue el procurador que formuló la querella de Fernández-Mijares).
-Tener por personado como perjudicado a José Ramón Fernández-Mijares Sánchez.
- Ordenar la práctica de informe pericial sobre los extremos solicitados por el Ministerio Fiscal; es decir sobre las causas de las interrupciones en las conexiones que se denuncian, su voluntariedad o la posibilidad de su control.

- Designar dos peritos ingenieros en Telecomunicaciones para la elaboración del dictámen, previa aceptación y juramento o promesa del cargo. Requerir al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones para que facilite listado de aquellos que reúnan los requisitos precisos para el cargo."

En el despacho de Fernández-Mijares se valoró ayer el auto como "una buena noticia", ya que existe base sólida para iniciar un proceso. Ahora la clave reside en el análisis técnico de las llamadas jurídicas, a cargo de dos "telecos", en principio independientes, y de la determinación que asuma Baltasar Garzón. La batalla técnica se inclinaría, según la respuesta concluyente aportada en el Senado por Fernández Vidal, a favor de la operadora, que es la que tiene los medios tecnológicos. No obstante, la extendida convicción popular de que Telefónica cobra indebidamente las llamadas puede marcar la evolución del caso.

REPRODUCIDO DE LA BRUJULA.NET