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El bloqueo de las descargas tendrá que esperar


Responsables socialistas y la Asociación de Internautas coincidieron ayer en, de momento, desdramatizar el acuerdo tomado anteayer por la Unión Europea que permitirá cortar el acceso a internet a los particulares sin necesidad de orden judicial. La responsable de Sociedad de la Información del Grupo Parlamentario Socialista, Lourdes Muñoz, aseguró ayer que en España no se puede bloquear internet sin autorización judicial con carácter general.




FERNANDO PESCADOR AGENCIAS | BRUSELAS /EL COMERCIODIGITAL.COM .- Muñoz ha desmentido en una nota que la Unión Europea (UE) haya dado vía libre al bloqueo de internet sin autorización judicial y ha subrayado que España no va a ir en la dirección de Francia o Inglaterra de permitir el corte de las comunicaciones a los usuarios que realicen descargas.

El presidente de la Asociación de Internautas de España, Víctor Domingo, por su parte, ha aclarado que la decisión de la UE que supone que se pueda cortar el acceso a internet a un usuario sin orden judicial expresa «no cambia nada» hasta que no se modifique la ley española. Domingo se ha mostrado «moderadamente satisfecho» con la aprobación del llamado 'paquete Telecom' ya que sólo plantea una posibilidad que cada país tendrá que decidir si incluye en su legislación o no, por lo que en España «estamos igual que ayer por la tarde», concluyó.

El Parlamento europeo y el Consejo de ministros de la UE llegaron este jueves a un acuerdo que facilitará la lucha contra la descarga ilegal de música o vídeos por internet, y que estará en aplicación hacia mediados de 2011.

El acuerdo, logrado en lo que en jerga comunitaria se conoce como 'Procedimiento de Conciliación', concierne al único capítulo que había quedado pendiente de todo el paquete legislativo para la reforma de las telecomunicaciones, al que la Eurocámara dio su visto bueno el pasado 6 de mayo. El plenario aceptó la reforma salvo en lo concerniente a las condiciones en las que los proveedores de acceso a internet cerrarían el paso a quienes descarguen contenidos ilegalmente.

Derechos fundamentales

En una decisión sorprendente, la Eurocámara exigió el pasado mayo que esas actuaciones estuvieran amparadas por una decisión judicial previa, caso por caso.
Anteayer de madrugada, Consejo y Parlamento abordaron de nuevo el tema en última instancia, antes de que todo el proyecto legislativo quedara invalidado, y se alcanzó el acuerdo, que define las circunstancias en las que los operadores de internet combatirán estos comportamientos.

Las medidas, dice el texto de la resolución, «tendrán que respetar los derechos fundamentales y las libertades de las personas (y sólo podrán ser aplicadas) si son apropiadas, proporcionales y necesarias en una sociedad democrática.

Su aplicación estará sujeta a salvaguardias procedimentales adecuadas (...) en el respeto de los principios de presunción de inocencia y de privacidad. Estará garantizado un procedimiento previo imparcial y justo, que incluirá el derecho a ser oído (así como) la oportuna revisión judicial? (del caso)».

El acuerdo europeo tiene una consecuencia inmediata muy aparente sobre las disposiciones legales adoptadas en Francia (la ley Hadopi) o camino de serlo en el Reino Unido. Ambos países prevén una «respuesta graduada» de los operadores de internet a los internautas que efectúen descargas ilegales, pero sin el procedimiento previo e imparcial que instaura en la UE el acuerdo de ayer. «Ese tipo de disposiciones (en referencia tácita a la francesa Hadopi) no serán parte, sin duda, de la legislación europea», aseguraba ayer la comisaria Viviane Reding, lo que anticipa encontronazos judiciales de talla entre Bruselas, París y Londres si estos últimos no revisan sus normativas.

Normativa comunitaria

Aunque la intervención judicial previa no está expresamente contemplada en la normativa comunitaria, la Eurocámara considera que la redacción dada al texto va a más allá de sus exigencias originales pues establece que un procedimiento que alguien debe iniciar, bien un juez o una autoridad administrativa, y que este debe ajustarse a unas normas muy precisas.

La existencia de este procedimiento, y las garantías a él circunscritas, llevaban ayer al Buró Europeo de Asociaciones de Consumidores a celebrar el acuerdo. Su directora general, Monique Goyens, consideraba que los derechos fundamentales de los consumidores en el mundo de lo numérico están salvaguardados, «aunque estos derechos carecerán de valor si leyes como Hadopi entran en aplicación».

El Beuc se declaraba también partidario de nuevos exámenes y evaluaciones de lo que se considere como «descarga ilegal» y «daño económico a la industria del cine y de la música», dado que «un reciente estudio ha demostrado que el 72% de las personas que descargan ilegalmente música o películas son los que más gastan en comprar legalmente música o películas».

La legislación ayer aprobada entrará en vigor a comienzos de 2010. Los Estados miembros tendrán 18 meses para transponerla a sus ordenamientos nacionales respectivos.


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