Elecciones UE 2019, NO al articulo 13

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Lo que esperamos del Gobierno en 2019


Con la llegada del 2019, el Gobierno de España debe superar las  asignaturas pendientes del año anterior en materia de Sociedad de la  Información y de las Telecomunicaciones: Reactivación del CATSI, análisis de la Directiva Europea de  Copyright, Ley de Propiedad Intelectual (LPI)  y Ley Orgánica de Protección de Datos y Nuevos Derechos Digitales, canon digital, Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) , DNI Electrónico, despliegue del 5G y control de la Inteligencia Artificial por las personas.







1.- Reactivación del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI, órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, que tiene como cometido el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática. Además de informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. El informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información equivaldrá a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Este Consejo no ha sido convocado, a pesar de que desde el partido  del gobierno se han hecho distintas propuestas legislativas dentro y fuera de España,  que afectan gravemente a la Sociedad de la Información y la transformación Digital como son:

1.1.- La nueva Directiva Europea de Copyright que en su última versión incluye dos artículos, el 13 y el 11, que transfieren la responsabilidad de los contenidos a las plataformas y ponen precio a los enlaces anoticias y también un articulo 3 que limita las posibilidades de hacer análisis de datos, lo cual limita a emprendedores en esta materia. Esta directiva está en este momento en la última fase del debate, concretamente en las negociaciones a puerta cerrada (Los Trilogos) previa a su votación prevista para el primer trimestre de 2019. Por otro lado, tenemos en el Senado la tramitación de la LPI que incluye la obligación para Telcos y Buscadores, de bloquear webs y enlaces sin autorización judicial, lo cual supone eliminar garantías al ciudadano. Desde el CATSI deberíamos analizar su impacto y sus posibles efectos.

1.2.- Se acaba de publicar en el BOE parte del reglamento que desarrolla el nuevo Canon Digital y queda el más comprometido, que son las tarifas finales, sin que hasta la fecha se haya hecho un nuevo estudio de impacto y se está manteniendo un régimen transitorio que perjudica al sector, a los emprendedores y a los ciudadanos, lo cual merece en nuestra opinión el debate, análisis y posicionamiento de la Secretaría de Estado.

1.3.- El otro elemento a evaluar es la aprobación de la nueva LOPD que incluye algunos artículos como el 58bis que atenta contra los derechos de los ciudadanos ya que da permiso a los partidos políticos para que puedan hacer perfilado político de ciudadanos en base a la información que haydisponible sobre nosotros en Internet. Esto es un exceso que deberíamos intentar corregir para evitar un camino a través de instancias judiciales y europeas y, de nuevo, el impacto previsto es muy negativo por la inseguridad jurídica que plantea. Por otra parte, nos preocupa la inclusión en la Ley Orgánica de Protección de Datos de una decena de artículos que bajo el título de Garantía de Derechos Digitales se ha hecho sin discusión ni debate previo y, más aún cuando esa incorporación de última hora es motivo suficiente para hacer una  Ley de Internet exclusivamente.

1.4.- La presentación Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de  Pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, sin consulta previa a organismos de representación como el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI y que muy posiblemente vulnere el artículo 18.4 de la Constitución que señala que 
la ley impondrá la limitación del uso de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. En esta ocasión, el desarrollo del PNR vulnera este precepto y puede menoscabar la privacidad de los ciudadanos. Seremos ciudadanos de cristal, donde el Estado conocerá sin necesidad, muchos de nuestros datos personales.

 2.- En cambio, el DNI electrónico adolece de una Ley Orgánica que garantice la gestión, desarrollo y funcionamiento de este documento vital para la identificación de los ciudadanos ante la Administración Pública, así como facilitar su funcionamiento.

3.- El Gobierno de España tiene que ocuparse  de desarrollar necesariamente la Ley Orgánica sobre la interceptación de las comunicaciones electrónicas que establezca las garantías necesarias para que el poder judicial vele y asegure la privacidad y la intimidad de las comunicaciones electrónicas y telefónicas de la ciudadanía.

4.- El Gobierno debe poner orden,  ante el despliegue de la tecnología 5G que revolucionará, no solo el sector, sino todo el futuro de la Sociedad de la Información y la convivencia entre las tecnologías 3G, que ve recientemente aplazado su apagado y la 4G.

5.- Los nuevos desarrollos en Inteligencia Artificial están transformando el mundo desde la ciencia y la industria hasta a la administración gubernamental y las finanzas. El aumento de la toma de decisiones de AI también implica a derechos fundamentales de imparcialidad, responsabilidad y transparencia. El análisis moderno de datos produce resultados significativos que tienen consecuencias en la vida real para las personas con empleo, vivienda, crédito, comercio y sentencias penales. Muchas de estas técnicas son totalmente opacas, lo que deja a las personas sin saber si las decisiones fueron precisas, justas o incluso acerca de ellas. Desde la sociedad civil ya estamos tomando posiciones al respecto - recientemente la Asociación de Internautas ha firmado las Directrices Universales para que la Inteligencía Artificial sea controlada por las personas dirigidas a la Comisión Europea - . El Gobierno tiene un papel fundamental que desempeñar sobre el desarrollo nacional de la Inteligencia Artificial durante este año.

 

Asociación de Internautas


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