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Canon digital. Traxtore en lucha


Este martes pasado tuve ocasión de participar en una tertulia en Radio Intereconomía a la que también había sido invitada Ana María Méndez, copropietaria de la tienda y también negocio en red Traxtore.




De Ana María sabía ya alguna cosa por una carta suya que reprodujo en su página la Asociación de Internautas dedicada a Ramoncín y por un artículo de Mercè Molist que también reprodujo la web de la AI. El problema enorme que vive esta mujer me inspiró a mí también una entrada en mi bitácora que redacté aquella misma noche y que venia inspirada -ampliándola- en otra que, en idéntico sentido, publiqué en «El Incordio» hace algo más de un año.

Ana María tiene un problema enorme (tan enorme como una demanda de 66.000 euros) que le ha interpuesto la $GAE en una nueva jugada sucia (y típica) del cobrador por excelencia de tasas, pechos, aranceles, impuestos privados mucho peores que los públicos y cánones infinitos, hasta el mismísimo birlibirloque como arte devengador de la exacción. Aquí está la historia del caso Traxtore.

Esta misma tarde, me llama Ana María para explicarme que ayer estuvo en el Parlament de Catalunya y que se entrevistó, acompañada de su abogado, Josep Jover, con Bernardo Fernández Martínez, diputado por el PSC, y con Núria de Gispert, ex-consellera de Justicia y diputada por CiU. Ha salido desmoralizada de la entrevista (evidentemente, tiene poca práctica con políticos) porque ha vivido lo que [cuando no se tiene práctica con políticos] es una experiencia kafkiana: desde hacerse de nuevas de los problemas que están creando a todos los niveles la $GAE (y las demás hierbas que no son la $GAE), como si, a estas alturas de la película y con el polvo que ha levantado (y más aún el que está levantando ahora) la LPI, no supieran hasta los negritos de las pateras quiénes son, a qué se dedican y cómo las gastan las autodenominadas sociedades de gestión de derechos de autor, hasta recriminar a la interesada por no haberse movido antes y haberles hecho partícipes del problema con tiempo, como si no fuera la interesada la que paga sus impuestos -y como los jueces no estén al loro, hasta lo que no son sus impuestos) y los ilustrísimos señores diputados no fueran los que cobran un sueldo por estar ahí, pulsando los problemas de la sociedad a la que [dicen que, y yo no me lo creo] defienden.

Me acerca por correo electrónico el documento que han entregado a los dos diputados en cuestión y que constituye la historia, asombrosa, indignante y desgarradora de Traxdata, con su cronología, que yo reproduzco aquí mismo tal como me ha llegado:

- Julio de 2003 - Varias Entidades de gestión (SGAE, AIE, etc.) firman un acuerdo con la asociación de empresas tecnológicas ASIMELEC por el cual los CD y DVD deben pagar un canon por la copia privada que se hace con esos discos.

- Julio de 2004 - La SGAE se pone en contacto con Traxtore y le exige la documentación para realizar una auditoría.

- Noviembre de 2004 - La auditoria concluye que Traxtore debe abonar 48.088,27 euros por la venta de CD y DVD durante 14 meses auditados. ¿CUÁNTO ES EL TOTAL DE LO FACTURADO POR CD Y DVD EN ESE PERIODO?, HABRÍA QUE INCLUIRLO Y SACAR EL PORCENTAJE

- Desde 2005 - Traxtore mantiene innumerables conversaciones con SGAE. La entidad propone la posibilidad de liquidar la cifra en plazos previa firma de un contrato de compromiso personal extendido a nombre de mi madre, administradora única del negocio.

- Enero de 2006 - Primera demanda judicial contra Traxtore interpuesta por la SGAE, juicio monitorio y embargo.

- Febrero de 2006 - El juez emplaza a SGAE a responder a nuestra defensa en el plazo de 30 días.

- Marzo de 2006 - La SGAE intentar pactar nuevamente el contrato personal a nombre de mi madre. No hay acuerdo, el caso es sobreseído en el tribunal.

- El mismo día que cumplía el plazo y es sobreseída la demanda, la SGAE interpone una segunda demanda en el mismo juzgado, hace la misma reclamación, pero en esta ocasión por vía ordinaria.

Explican, además, a los señores diputadísimos, que hay más de 1.800 tiendas afectadas o afectables por estas prácticas y que, bueno, que a ver qué hacemos.

Los señores diputadísimos, aparentemente patidifusos, se excusan ante Ana María diciendo que el Parlament de Catalunya no es competente en esta materia (¡ah, las competencias, cuan oportunas son para achicar marrones!) y que lo que conviene que haga es que redacte un memorándum muy documentado y muy circunstanciado y que se lo entregue para que ellos lo eleven a donde corresponda y lo hagan llegar a aquellas instancias que pudieren tener tiempo, humor y ganas (¡oh! y competencia...) para echarse el asunto sobre los hombros. O -pienso yo- ponérselo por montera, que la anatomía destinataria no pilla lejos.

Le he propuesto que siga el consejo de Sus Señorías y confeccione el dossier en cuestión pero que de entregárselo a ellos, nada. Primero, porque ya conocemos las posturas -reiteradamente expresadas en el Congreso y en el Senado- de PSC-PSOE y CiU; segundo, porque hay canales mucho más eficientes... y públicos. Cuando lo tenga confeccionado, que medite con calma qué es lo mejor para darle un curso productivo.

Menos mal, en todo caso, que Ana María Mendez es guerrera y va a los diputados rogando y con el mazo dando. Aparte de su acreditada resistencia legal, ha puesto en pie una asociación de afectados por la $GAE y similares del ámbito comercial en el que ella trabaja, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) que está dispuesta a dar toda la guerra que pueda. No es de extrañar: está en juego la supervivencia de muchos pequeños comerciantes.

Despedía su llamada telefónica diciendo que iba a solicitar permiso al Ayuntamiento para montar un tenderete en zona céntrica para poner un grano de arena más en la concienciación de la gente sobre los problemas que están trayendo a la sociedad las entidades de gestión dichosas. Le he ofrecido, por supuesto, mi ayuda personal y el apoyo corporativo de la Asociación de Internautas y de Hispalinux.

Todo suma, en esta lucha incierta y ciclotímica de constantes picos hacia arriba y hacia abajo que no sabemos cómo acabará a corto plazo, que, con unos políticos mínimamente normales y pendientes de los derechos de los ciudadanos y no del tráfico de influencias de un lobby de poder tan ignoto y misterioso como cierto, tendríamos muy claro. Pero tenemos lo que tenemos y sólo podemos confiar, suficientes o insuficientes, en nuestras propias fuerzas.

Contamos ahora también con las de Ana María y sus compañeros, los pequeños comerciantes de material TIC.

No es parca fuerza.

(Opinión de Javier Cuchí en "El Incordio")


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