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TELÉFONOS, UN MODELO EQUIVOCADO


Para que un mercado libre sea mejor que un monopolio público regulado debe darse una competencia real entre varias empresas y que el usuario tenga la opción de cambiar de proveedor





La factura telefónica mensual de los españoles está aumentando continuamente desde hace unos años. En parte se debe a que utilizamos más el teléfono, pero también a que, en contra de lo que se dice, las tarifas siguen siendo muy altas. Algunas han bajado, pero otras no lo han hecho e incluso han subido. Pensemos, por ejemplo, en la tarifa de conexión de línea, o en la de las llamadas de fijo a móvil. Ahora el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anuncia una congelación nominal, pero también nuevas subidas en la cuota fija. Y adelanta la intención de una liberalización total de tarifas para dentro de un año.

Cuando el Gobierno del PP anunció la liberalización del sector de la telefonía, aseguró que lo hacía pensando en los usuarios, es decir, para tener mejor servicio y menores precios. En el caso de la telefonía fija es evidente que el servicio no ha mejorado; y se puede discutir si en conjunto los precios han bajado o subido, pues depende de la composición de la factura de cada usuario. En conjunto, no estamos mejor de lo que estábamos.

La razón de este fracaso parcial se debe a que se ha seguido un modelo equivocado de liberalización. Los servicios públicos pueden funcionar en régimen de mercado regulado o de mercado libre. En el primer caso, es el Estado el que impone unas reglas en bien del conjunto de los usuarios y también de las empresas operadoras. En el segundo, es la competencia la que produce los efectos positivos. Para que un mercado libre sea mejor que un monopolio público regulado es imprescindible que exista competencia real entre varias empresas y que el usuario tenga la opción de cambiar de proveedor. Si se liberaliza, se privatiza y se desregula pero no se consigue introducir la competencia, nos encontramos en el peor escenario, el del monopolio privado, con el consiguiente perjuicio para el usuario.

Ésta es una situación que ocurre a menudo cuando se intenta liberalizar un sector en el que el servicio necesita la existencia de una red que llegue al domicilio del usuario. Existe una dificultad objetiva de introducir la competencia cuando una empresa controla la red y sus competidores necesitan utilizar esta red para poder dar el servicio ya que por su gran coste les es imposible construir una red paralela. En estos casos el antiguo monopolio de Telefónica tiene una posición de salida de un dominio absoluto.

En buena medida esto es lo que ha ocurrido con la red telefónica española. Al elegir el modelo no se tuvieron en cuenta o no se quisieron ver estas dificultades. Yo pienso que, aunque se vieran, se prefirió ignorarlas porque así se favorecía a una empresa muy cercana a los que estaban y están en el Gobierno. La imagen de Telefónica en los años en que la presidió Juan Villalonga (el compañero de pupitre de José María Aznar) es un ejemplo paradigmático de esta situación. Esa relación permitió que la compañía hiciera sus inversiones en aventuras absurdas (Terra, Endemol, Antena 3) con los beneficios de las tarifas, mientras las otras operadoras no conseguían romper el monopolio.

El modelo no se ha cambiado y por ello es preocupante escuchar que a partir del año próximo el Gobierno piensa proceder a la liberalización total de las tarifas, es decir, a eliminar cualquier intervención pública sobre tarifas y calidad. Hay razón para que los usuarios se preocupen, pues serán ellos los que sufrirán las consecuencias.

El Gobierno debería entender que, por mucho que un mercado funcione libremente, siempre es necesaria una regulación; que si no hay competencia real todavía es más necesario; y aceptar que si además se trata de un servicio público básico su obligación es garantizar los derechos de los usuarios. No parece que estas cosas se entiendan suficientemente.

JOAN Majó Ingeniero industrial. Asesor de la UE

El Períódico de Catalunya


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