En España existen dos tipos de operadores de telecomunicaciones con licencia B1 - autoriza a tender redes y dar servicio a cliente final- . Por un lado, los operadores de cable que obtuvieron una concesión administrativa por concurso para dar servicios de banda ancha (hasta ahora cable) y quienes han visto dicha concesión transformada en la citada licencia más una autorización de televisión, algo que Telefónica verá también en breve; y, por otro lado, los que la solicitaron ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Hay dos diferencias básicas entre ellos. La primera es la citada autorización para dar televisión y la segunda supone que quienes obtuvieron sus títulos por concurso están obligados a unos compromisos de cobertura respaldados con avales, ejecutables en caso de no cumplirlos, mientras que quienes lo hicieron a través de la CMT pueden tender su red donde lo deseen, es decir, donde haya negocio.
La petición de liberar avales no es exclusiva de Telefónica. Fuentes del sector aseguran a LA GACETA que las once compañías integradas en la Asociación de Operadores de Cable (AOC) incluyeron en sus recursos de reposición presentados ante la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones - en los que solicitaban una rebaja en sus compromisos de cobertura- que se liberasen igualmente sus avales, que ascienden a 43.000 millones de pesetas. Desde la AOC, sin embargo, comentan a este periódico que, con el ánimo de no interferir en la resolución de los recursos interpuestos, preferimos no comentar el contenido de los mismos .
Existen dos vías a tomar por los operadores de cara a solicitar esa liberación de avales , añaden las citadas fuentes de Telefónica. La más drástica y prolongada en el tiempo sería la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
La segunda vía, que se perfila como la más probable, sería acudir a la CMT reclamando la retirada de los avales para que dicho organismo se pronuncie a favor de esta medida ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología , cuya titularidad ostenta Anna Birulés.
Desde Telefónica no piden una retirada de los compromisos, que en su caso se limitaban al mínimo del pliego de cada concurso, a los que el operador dominante no tuvo que presentarse para obtener sus concesiones. Dichos compromisos se encuentran ya respaldados por la propia Ley de Telecomunicaciones de 1997, que establece multas de hasta 1.000 millones de pesetas, cantidad considerablemente inferior a los 15.000 millones de avales que podrían ejecutarse cuando se revisen los compromisos en 2003.
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