RAMÓN MUÑOZ - Madrid EL PAÍS - Economía - 23-06-2005 El Gobierno debe implicarse directamente en el desarrollo de la sociedad de la información, asegurando la financiación de programas mediante un fondo extraordinario y creando una "carta de derechos del ciudadano digital" de obligado cumplimiento. Ésta es la principal conclusión del informe que ha presentado al Gobierno el Consejo Asesor de Telecomunicaciones. El informe, que servirá de base al plan del Ejecutivo para paliar el déficit tecnológico, propone que a partir de 2009 los ciudadanos puedan realizar por vía telemática sus trámites en Sanidad, Educación y Justicia.
El ministro de Industria, José Montilla, recibió ayer el informe final de la Ponencia del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (CATSI), un documento que va a servir de base al Gobierno para elaborar un plan de convergencia que acerque España a Europa en materia tecnológica.
El informe destaca el déficit tecnológico español y diagnostica que "sin una mayor intensidad tecnológica, el crecimiento a medio plazo de la economía española se encuentra seriamente amenazado". Esa inserción de España en la sociedad de la información exige "un liderazgo activo del Gobierno y del conjunto de las administraciones públicas, como se ha producido en la totalidad de los países avanzados", que se debe manifestar por dos vías: la financiación y la Administración electrónica.
El informe, entregado por el presidente de la ponencia, Emilio Ontiveros, ha sido aprobado por unanimidad por los representantes de las organizaciones sectoriales, sindicales, ciudadanas y de la administración central, autonómica y local que integran la ponencia en el seno del CATSI.
Éstos son los puntos principales del informe.
- Administración telemática. Los expertos solicitan el establecimiento de una carta de derechos del ciudadano digital y de las empresas en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías en sus relaciones con las administraciones públicas, incluyendo las consiguientes obligaciones para éstas. El establecimiento de este tipo de obligaciones debería ir acompañado de plazos razonables junto con los incentivos que se consideren necesarios. Se valora como objetivo la implantación en 2009 de la administración sin papeles ofreciendo acceso a la información, envío y recepción de documentación y pagos, con incentivos para las empresas que implanten la factura electrónica.
En el caso de la Sanidad, derecho a la cita previa sanitaria online (obligatoria en el año 2009), a que su historial médico electrónico sea utilizado por el sistema sanitario con independencia del lugar de prestación de la asistencia (en 2011), o al uso de la receta médica electrónica (en 2011).
En Justicia, derecho al acceso a los procedimientos judiciales y relaciones con los juzgados por vía telemática, y a todos los servicios de los registros civiles (en 2011). En el ámbito de la Educación: derechos a las relaciones administrativas con centros educativos (matriculas, tutorías, calificaciones, etcétera) por medios telemáticos (en 2009).
- Financiación. El reto al que se enfrenta España justifica la necesidad de realizar "un esfuerzo presupuestario extraordinario" en los próximos años. Se propone un modelo de financiación del plan basado en la creación de un "fondo específico adicional, aportado por el Estado", para el desarrollo de las medidas.
A la financiación pública se debe unir el capital riesgo, incluyendo la posibilidad de un fondo mixto público-privado, adaptado a las necesidades de las pymes y de las empresas de base tecnológica. También se proponen créditos reembolsables a bajo interés, y préstamos a interés cero para que las familias con hijos en edad escolar y para universitarios adquieran equipos.
- Incentivos fiscales. El informe señala que los incentivos con coste fiscal "representan una alternativa a los programas de gasto presupuestario, y propone tanto la mejora de incentivos generales para el fomento de la innovación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas como la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para ampliar el ámbito de actividades susceptibles de deducción fiscal en investigación más desarrollo (I+D).
- Medidas legislativas. La ponencia propone eliminar las barreras normativas que frenan la extensión de las TIC y la legislación de otras normas específicas orientadas a proporcionar un fuerte impulso a la sociedad de la información. Para mejorar esta situación es necesario que se elabore un proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
- Marco jurídico. La ponencia propone revisar el marco jurídico para recoger el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse con las administraciones usando procedimientos telemáticos. También plantea la figura del defensor del usuario de la administración electrónica, eliminar las barreras existentes para el desarrollo de los servicios de e-Administración y eliminar el concepto de silencio administrativo para evitar el repudio electrónico.
El ministro de Industria, José Montilla, recibió ayer el informe final de la Ponencia del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (CATSI), un documento que va a servir de base al Gobierno para elaborar un plan de convergencia que acerque España a Europa en materia tecnológica.
El informe destaca el déficit tecnológico español y diagnostica que "sin una mayor intensidad tecnológica, el crecimiento a medio plazo de la economía española se encuentra seriamente amenazado". Esa inserción de España en la sociedad de la información exige "un liderazgo activo del Gobierno y del conjunto de las administraciones públicas, como se ha producido en la totalidad de los países avanzados", que se debe manifestar por dos vías: la financiación y la Administración electrónica.
El informe, entregado por el presidente de la ponencia, Emilio Ontiveros, ha sido aprobado por unanimidad por los representantes de las organizaciones sectoriales, sindicales, ciudadanas y de la administración central, autonómica y local que integran la ponencia en el seno del CATSI.
Éstos son los puntos principales del informe.
- Administración telemática. Los expertos solicitan el establecimiento de una carta de derechos del ciudadano digital y de las empresas en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías en sus relaciones con las administraciones públicas, incluyendo las consiguientes obligaciones para éstas. El establecimiento de este tipo de obligaciones debería ir acompañado de plazos razonables junto con los incentivos que se consideren necesarios. Se valora como objetivo la implantación en 2009 de la administración sin papeles ofreciendo acceso a la información, envío y recepción de documentación y pagos, con incentivos para las empresas que implanten la factura electrónica.
En el caso de la Sanidad, derecho a la cita previa sanitaria online (obligatoria en el año 2009), a que su historial médico electrónico sea utilizado por el sistema sanitario con independencia del lugar de prestación de la asistencia (en 2011), o al uso de la receta médica electrónica (en 2011).
En Justicia, derecho al acceso a los procedimientos judiciales y relaciones con los juzgados por vía telemática, y a todos los servicios de los registros civiles (en 2011). En el ámbito de la Educación: derechos a las relaciones administrativas con centros educativos (matriculas, tutorías, calificaciones, etcétera) por medios telemáticos (en 2009).
- Financiación. El reto al que se enfrenta España justifica la necesidad de realizar "un esfuerzo presupuestario extraordinario" en los próximos años. Se propone un modelo de financiación del plan basado en la creación de un "fondo específico adicional, aportado por el Estado", para el desarrollo de las medidas.
A la financiación pública se debe unir el capital riesgo, incluyendo la posibilidad de un fondo mixto público-privado, adaptado a las necesidades de las pymes y de las empresas de base tecnológica. También se proponen créditos reembolsables a bajo interés, y préstamos a interés cero para que las familias con hijos en edad escolar y para universitarios adquieran equipos.
- Incentivos fiscales. El informe señala que los incentivos con coste fiscal "representan una alternativa a los programas de gasto presupuestario, y propone tanto la mejora de incentivos generales para el fomento de la innovación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas como la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para ampliar el ámbito de actividades susceptibles de deducción fiscal en investigación más desarrollo (I+D).
- Medidas legislativas. La ponencia propone eliminar las barreras normativas que frenan la extensión de las TIC y la legislación de otras normas específicas orientadas a proporcionar un fuerte impulso a la sociedad de la información. Para mejorar esta situación es necesario que se elabore un proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
- Marco jurídico. La ponencia propone revisar el marco jurídico para recoger el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse con las administraciones usando procedimientos telemáticos. También plantea la figura del defensor del usuario de la administración electrónica, eliminar las barreras existentes para el desarrollo de los servicios de e-Administración y eliminar el concepto de silencio administrativo para evitar el repudio electrónico.
