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Ni diálogo ni concierto


Ultimamente, estamos asistiendo a la aparición de unos frentes imposibles de soslayar en un Estado de Derecho, capitaneados -paradójicamente- por quienes dicen gobernar con talante de diálogo.




Uno de los primeros frentes, ha sido la imposición de una regulación normativa para "la inteceptación legal de las comunicaciones", con rango reglamentario; regulación hurtada a todo debate social y parlamentario, algo que parece preocuparnos única y exclusivamente a los internautas. Ni que decir tiene que esa normativa impuesta por el Gobierno fue impugnada por la Asociación de Internautas ante el Tribunal Supremo, conscientes de que toda regulación dirigida a enervar derechos fundamentales debe revestir un rango normativo cualificado como es el de ley orgánica por expreso mandato constitucional; impugnación que ha sido admitida a trámite muy recientemente.

El segundo frente, el de la retención de datos, sigue pendiente, desde la promulgación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, de su desarrollo reglamentario previsto en el apartado 4 de su artículo 12. Ni que decir tiene que seguiremos alerta ante cualquier intento de hurtar todo debate social sobre este desarrollo reglamentario y de posibles vulneraciones de principios y derechos fundamentales como son la intimidad, la privacidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos de carácter personal.

El último frente, recientemente abierto, ha sido lo que parece ser la consagración del canon digital y la desaparición de facto (que ya anunciamos en noviembre de 2004) del derecho de copia privada hasta ahora existente al pretenderse desde el Gobierno, con su reciente Proyecto de Ley de reforma del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, limitarlo a quienes tegan "acceso legítimo" a la obra que se quiere copiar (disponer del "original" para copiar) y posibilitarlo únicamente por tres veces; con esa regulación, el Gobierno pretende dejar una copia privada residual y limitada incluso numéricamente como presupuesto del mantenimiento del canon digital que los consumidores y usuarios deberemos seguir pagando. Todo ello, dando la espalda a los agentes sociales.

Llama poderosamente la atención el nivel de alejamiento de la realidad social no sólo del Gobierno sino incluso de algunos de sus propios aliados que se han visto incluso sorprendidos en su miopía política teledirigida desde el PSOE a derrotar la Proposición de Ley aprobada por el Senado que postula la supresión del canon digital. Tan es así, que el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presentó en fecha de 15 de julio una proposición no de Ley, idéntica a la derrotada en el Senado y que no impidió que se aprobara la supresión del canon digital defendida por el Senado español y, justo una semana después, el Gobierno aprobaba remitir al Congreso su Proyecto de Ley de reforma integral, evidenciando de esta forma lo poco que le importan no ya las formas sino incluso los esfuerzos de sus colaboradores más estrechos y cercanos en su afán por derrotar
la Proposición de Ley aprobada por el Senado que postula la supresión del canon digital
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La Proposición de los aliados del Gobierno postulaba encargar al Gobierno para que en "el plazo de un año, tras el diálogo y concierto con agentes sociales, creadores, sociedades de gestión y Comunidades Autónomas, presente la reforma integral de la Ley de la Propiedad Intelectual, atendiendo a las circunstancias y retos de la sociedad del siglo XXI y tomando en consideración la necesidad de conciliar los necesarios derechos de protección de los creadores y la accesibilidad universal a la cultura".

O el Gobierno ha sido muy rápido y ha reducido a una semana el plazo de un año en atender la demanda de sus aliados (lo que daría lógica a la absoluta falta de diálogo y concierto con los interlocutores sociales), antes incluso de la aprobación de la propia Proposición, o éstos -nos tememos- siguen a la luna de Valencia respecto de las verdaderas intenciones y designios del actual Gobierno acerca del control y criminalización de Internet, contra sus usuarios, contra la lógica y el devenir de los tiempos.

Asociación de Internautas


Humo en los diarios oficiales o Texto de la Proposición no de Ley derrotada en el Senado y propuesta nuevamente en el Congreso:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley de reforma integral de la Ley de la Propiedad Intelectual para su debate en la Comisión de Cultura.

La Ley de la Propiedad Intelectual vigente en el Estado español data de 1996, siendo un texto refundido donde se regularizan y armonizan las disposiciones legales vigentes de las diferentes directivas incorporadas en sucesivos años, sobre las bases conceptuales de la Ley de la Propiedad Intelectual del año 1987.
Este hecho demuestra claramente la necesidad de adaptar la ley a los contextos y situaciones nuevas generadas en los últimos años por la irrupción de la Sociedad de la Información y la Comunicación, los cambios económicos y sociales y que han modificado substancialmente los instrumentos de los creadores y de los usuarios.

En este sentido, el 22 de mayo de 2001 se aprobó la Directiva Europea 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la Sociedad de la Información, en la que se tenía en cuenta el nuevo marco de las nuevas tecnologías como son los soportes digitales, la emisión digital, los sistemas anticopia...

Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 22 de diciembre del 2002 para la transposición de la directiva. El Estado español es uno de los países que ha incumplido la incorporación de la directiva. Este hecho supone que en el marco legislativo el canon por copia privada no está establecido en los soportes digitales, pero fruto de los acuerdos privados éstos son vigentes desde septiembre de 2003.

Nos encontramos, por tanto, en el contexto y la necesidad de abordar los derechos de los ciudadanos, el respeto a los derechos de autor, las medidas que potencien la divulgación de la cultura y el desarrollo de la Sociedad de la Información evitando exclusiones sociales y la accesibilidad universal, y por tanto, se hace necesario un Proyecto de Ley de la Propiedad Intelectual que afronte los nuevos escenarios del siglo XXI y compatibilice la protección de los derechos de autor y de los creadores, como elementos de estímulo a la creación y como instrumento cultural de primera magnitud y a la vez impulse las medidas de accesibilidad cultural universal como interés de la sociedad.

Una ley adecuada a los retos del siglo XXI, no mirando exclusivamente al presente sino situándola en el futuro, donde los contenidos y su accesibilidad serán más eficientes que las actuales. Estableciendo los equilibrios necesarios entre protección y accesibilidad, atendiendo a la sociedad civil y los creadores, abordando de forma integral todas las cuestiones en torno a la creación y las diferentes formas de expresión creativa y de sus autores, y sobre todo, concretando las excepciones

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

"En el plazo de un año, tras el diálogo y concierto con agentes sociales, creadores, sociedades de gestión y Comunidades Autónomas, presente la reforma integral de la Ley de la Propiedad Intelectual, atendiendo a las circunstancias y retos de la sociedad del siglo xxi y tomando en consideración la necesidad de conciliar los necesarios derechos de protección de los creadores y la accesibilidad universal a la cultura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2005.-Carme García Suárez, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

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