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Sociedad civil exige debate y consenso ante la informatización de la tarjeta sanitaria


Ante la informatización completa del Sistema Nacional de Salud y el impulso institucional a la sanidad ‘en línea’, la CLI solicita la apertura de un debate social para consensuar la puesta en marcha de estas medidas y, en todo caso, preservar el derecho a la protección de los datos de salud de los pacientes.




La opción por un sistema centralizado, unitario e informatizado de historias clínicas facilita, de entrada, la vulneración del derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos de salud.

Con el objetivo de mejorar la atención sanitaria que se presta a los ciudadanos, utilizando para ello las ventajas que aportan las nuevas tecnologías, y garantizar la movilidad geográfica de los pacientes por todo el territorio nacional, hemos conocido a través de los medios de comunicación que el Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Industria, Turismo y Comercio y la empresa pública Red.es han firmado un convenio que supone la puesta en marcha del Plan Avanza en el ámbito del Sistema Nacional de Salud con una financiación estatal de 141 millones de euros. Parece ser que se pretende desarrollar y cofinanciar todo ello a través de la firma de convenios con las comunidades autónomas que lo deseen. En lo que respecta a la información almacenada parece ser también que, en un futuro, podría extenderse a los datos de la familia del titular de la tarjeta.

Hay que tener en cuenta que en la historia clínica se guardan muchos datos íntimos de la persona, teniendo derecho ésta a decidir sobre ellos, sobre quien los ve y quien accede a ellos, como exige la Sentencia del Tribunal Constitucional. Por ello una historia clínica centralizada a la que pueden tener acceso personas no autorizadas por el paciente puede poner en peligro los derechos del mismo. Además, una historia clínica centralizada puede facilitar el acceso masivo e indiscriminado de datos y también de esta forma vulnerar derechos de las personas. Por tanto desde la CLI defendemos que antes de poner en marcha la historia clínica centralizada hay que diseñar todos los mecanismos de seguridad de manera que nadie pueda acceder a los datos de salud si no es con el permiso del propio paciente.

La CLI va a solicitar una reunión al Ministerio de Sanidad y Consumo para conocer los diferentes aspectos que conlleva la informatización de la historia clínica y para solicitar la apertura del necesario debate social.

Entendemos que hay varias cuestiones a resolver ante este impulso institucional de la sanidad ‘en línea’, entre ellas:

· La información clínica y de salud, conceptos funciones y características.

· Identificación de las personas.

· Historia clínica única y compartida.

· Cómo se organiza o estructura la información clínica.

· Integración de la información de sistemas complementarios al clínico como los de salud laboral, salud pública y prestaciones complementarias.

· La información biométrica, genética y genómica.

· Aplicación de las disposiciones legales en materia de historia clínica a la historia clínica informatizada.

· Seguridad y confidencialidad de la información.

· Garantías para la puesta en marcha de la receta electrónica

· Garantizar el derecho de acceso a la información clínica propia por parte de los pacientes.

· Gestión de asuntos nuevos, como el registro de voluntades anticipadas previsto en las nuevas leyes aprobadas por algunos Parlamentos Autonómicos y las Cortes Generales.

· Aplicación de estándares.

En base a todas estas incógnitas, enumeradas a modo de ejemplo, la Comisión de Libertades e Informática, considerando que sigue existiendo una brecha digital entre tecnologías emergentes y sociedad, solicita al Gobierno que consensue la puesta en marcha de esta anunciada informatización completa del Sistema Nacional de Salud y abra el necesario debate social en el que se recoja la opinión de la sociedad civil y, al formar parte de ella, de las organizaciones miembros de la CLI para que puedan ejercer su derecho a exponer sus inquietudes, reflexiones y propuestas tendentes a preservar el derecho a la protección de los datos de salud de los pacientes ante la puesta en marcha de esta iniciativa.

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