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Asociaciones de consumidores piden la colaboración de los partidos politicos


Asociaciones de usuarios y consumidores presentaron en Madrid un documento que han hecho llegar a los partidos políticos en el que piden su colaboración para hacer valer el debate parlamentario con vistas a reformar algunos aspectos del proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).




El texto, suscrito por la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Asociación de Internautas (AI), y del que finalmente han quedado excluidas por voluntad propia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios(CEACU), no pretende constituirse en un manifiesto, sino expresar unas "posiciones generales acordadas".

El objetivo de esta iniciativa --propuesta por la AI-- es que los partidos políticos conozcan los temores de los usuarios de Internet antes de que concluya el próximo martes el plazo para presentar enmiendas, con vistas a que defiendan sus derechos cuando comience el debate parlamentario y que las opiniones de los consumidores no queden relegadas a un segundo plano.

Los principales asuntos que aborda el documento se refieren a los temas que han centrado una mayor polémica en la Red desde la aprobación del proyecto de Ley el pasado ocho de febrero por el Consejo de Ministros, aunque la valoración general que hacen las asociaciones del texto interministerial es "positiva".

MARCO JURIDICO

Las organizaciones firmantes coinciden en la necesidad de contar con un marco jurídico que "garantice" la seguridad para los agentes de las relaciones mercantiles --proveedores, consumidores y usuarios-- distinguiendo claramente las actividades comerciales de las que no lo son, "desde el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales".

Así, el texto pide una definición "más precisa" del ámbito de aplicación de la Ley "delimitando" las actividades económicas de aquellas que no lo son. Para ello aconseja asociar su realización al alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas, así como la supresión de redactados que pueden resultar equívocos ("...todo servicio prestado normalmente a título oneroso"). También se estima "insuficientemente definida" en el texto la intervención de la autoridad judicial en todos aquellos supuestos en los que pudieran verse afectados derechos fundamentales y las situaciones en la que la autoridad administrativa puede actuar.

La presunción de celebración de los contratos electrónicos para el domicilio habitual del consumidor como derecho renunciable únicamente mediante pacto expreso es otro de los argumentos que esgrimen las asociaciones, precisando que dicha renuncia que no podrá en ningún caso establecerse en las condiciones generales de contratación, además de tomar como referencia jurisdiccional en la prestación de servicios desde países ajenos a la UE la del país del consumidor.

"AUTORIZACION EXPRESA"

Además, el documento exige que se mantenga la "autorización expresa" del cliente para poder recibir comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electrónico ('spam') y que ésta no pueda ir incluida en los documentos generales de contratación de bienes y servicios.

Por último, en materia de sanciones, se exige que se respete el principio de proporcionalidad, tomando como referencia no sólo el incumplimiento legal tipificado, sino también el perjuicio que puede suponer para los consumidores y la realidad económica del prestador de servicio. Se propone la rebaja de la sanción mínima pero el incremento de la máxima.

Las asociaciones representadas subrayaron la importancia de que grupos con objetivos "dispares" consideren "importante" que la Ley cubra determinados aspectos, sin olvidarse de que es una norma "manifiestamente mejorable".

El presidente de la AI, Víctor Domingo, realizó un llamamiento a los partidos políticos para que que estas cuestiones no caigan en el olvido, porque son asuntos "de interés" para los usuarios y consumidores, aunque pidió que no se "confunda libertad de expresión con libertad de contenidos".

Por último, las asociaciones explicaron que los grupos políticos ya habían comenzado a ponerse en contacto con ellos al respecto. Así, Domingo concretó que PP, PSOE y Chunta Aragonesista se habían mostrado ya "muy receptivos" para desarrollar sus argumentos durante el debate parlamentario.

Reproducido de Europa Press

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