BLANCA SALVATIERRA - Público.es.- Álvaro ha intentado durante casi dos años que Telefónica cumpla el contrato que ambas partes suscribieron en 2004 la compañía se comprometió a renovar, a mitad de precio, cuantos teléfonos adscritos al Plan pioneros se hubiesen solicitado, mediante la asignación de puntos canjeables. Y al final lo ha conseguido. Este diario se ha puesto en contacto con Telefónica Móviles, que no ha querido realizar declaraciones a este respecto, amparándose en su política corporativa.
La historia que, según el demandante, le otorga una victoria moral que es más importante que la legal, se inicia con la oferta de Telefónica Móviles. Álvaro embarcó a 145 personas para pedir unos terminales valorados en 800 euros, pero por los que se abonaba menos de la cuarta parte. Él centralizaba las peticiones y se anotaba unos puntos que le servirían para futuros descuentos, abonando los teléfonos cuando los recibía.
De esa forma, y tal y como se especificaba en las condiciones de contratación, llegó el momento de renovar los terminales con los puntos obtenidos. Llamé varias veces al departamento de incidencias de Movistar; tenía todos los resguardos del registro que realicé a través de Internet, el carné que me acreditaba como pionero... y aún así me ignoraron, afirma el usuario.
Creo que ellos pensaban que me iba a aburrir y que lo dejaría pasar, matiza. Pero no fue así. Álvaro solicitó un arbitraje en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. En principio no buscaba dinero, sólo que cumplieran de alguna forma con lo establecido, cuenta.
El resultado que obtuvo fue un número de puntos canjeables que no cubrían las numerosas peticiones que el cliente realizó en el momento de la promoción. En un segundo paso, acudió a un juzgado de primera instancia y demandó que Telefónica pusiese a su disposición inmediata la renovación de los 145 terminales que solicitó en su momento. El juez aceptó los argumentos del demandante, pero la compañía nunca llegó a entregar los teléfonos. El tercer paso es el más llamativo, como destaca su abogada, Ofelia Tejerina. Álvaro procedió a pedir la conversión de esos terminales a su equivalente en dinero.
Amparo de la ley
Cada uno de esos aparatos se valoró en 800 euros, por lo que al usuario le correspondió una retribución de 58.000 euros por los terminales, 500 euros de indemnización por unos servicios contratados que nunca llegó a recibir y otros 500 euros por daños y perjuicios. Pedir el equivalente dinerario es llamativo, por la cantidad que supone en este caso concreto, pero se trata de algo normal cuando pasa mucho tiempo y no se cumple la petición inicial del demandante.
El usuario ya no tiene por qué estar interesado en el producto físico y la ley le ampara, detalla la abogada. Pese a su sentencia favorable (y firme), Álvaro entiende que la mayoría de los usuarios no denuncien determinadas prácticas. Según su propia experiencia, el sistema judicial funciona, pero muy lentamente. Aquellos que reclaman una cantidad muy pequeña tienen que invertir un esfuerzo y dinero que quizás no se vea recompensado, se lamenta.
Álvaro asegura que lo que más le ha dolido en todo este proceso es la desconfianza que la empresa ha mostrado hacia él, es decir, que Telefónica Móviles pensase que se quería aprovechar de la situación. Lo hubiera hecho también por tres teléfonos, era mi derecho, concluye.
Las empresas juegan con la dejadez de la gente
Ofelia Tejerina es la abogada de la Asociación de Internautas. Recibe una media de 10 consultas al día sobre todo tipo de temas relacionados con Internet y las telecomunicaciones: servicios de ADSL que incumplen las condiciones de contratación, timos y estafas realizadas a través de la Red, cambios de operador no autorizados o protección de la privacidad en Internet, entre otros muchos temas. Ofrece una orientación legal básica sobre lo que puede hacer el usuario cuando se siente estafado.
Según el último informe del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, una cuarta parte de las estafas que se realizan a través de Internet no superan los 50 euros, una cifra que contribuye a que los usuarios no denuncien el caso.
Esta abogada suele dirigir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, si se trata de un caso de consumo, o bien al juzgado, a través de un procedimiento monitorio.
Estos procedimientos se realizan por cuantías inferiores a 900 euros y no necesitan de abogado ni procurador. Según su experiencia, los usuarios tienen miedo a ir a un juzgado. Si tienes derecho a algo, puedes reclamarlo sin necesidad de un abogado. Es probable que tengas más posibilidades de conseguir un resultado favorable con un abogado, pero en principio no se necesita, explica Tejerina.
La abogada anima a los usuarios a que luchen por sus derechos ya que, según sus palabras, las empresas juegan con la dejadez de la gente. Es consciente de que el caso de Álvaro González es excepcional debido a su tenacidad. Como la compañía no se pronunciaba sobre la resolución, hubo que llegar a juicio, una situación a la que no quiere llegar un elevado porcentaje de los denunciantes.
La historia que, según el demandante, le otorga una victoria moral que es más importante que la legal, se inicia con la oferta de Telefónica Móviles. Álvaro embarcó a 145 personas para pedir unos terminales valorados en 800 euros, pero por los que se abonaba menos de la cuarta parte. Él centralizaba las peticiones y se anotaba unos puntos que le servirían para futuros descuentos, abonando los teléfonos cuando los recibía.
De esa forma, y tal y como se especificaba en las condiciones de contratación, llegó el momento de renovar los terminales con los puntos obtenidos. Llamé varias veces al departamento de incidencias de Movistar; tenía todos los resguardos del registro que realicé a través de Internet, el carné que me acreditaba como pionero... y aún así me ignoraron, afirma el usuario.
Creo que ellos pensaban que me iba a aburrir y que lo dejaría pasar, matiza. Pero no fue así. Álvaro solicitó un arbitraje en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. En principio no buscaba dinero, sólo que cumplieran de alguna forma con lo establecido, cuenta.
El resultado que obtuvo fue un número de puntos canjeables que no cubrían las numerosas peticiones que el cliente realizó en el momento de la promoción. En un segundo paso, acudió a un juzgado de primera instancia y demandó que Telefónica pusiese a su disposición inmediata la renovación de los 145 terminales que solicitó en su momento. El juez aceptó los argumentos del demandante, pero la compañía nunca llegó a entregar los teléfonos. El tercer paso es el más llamativo, como destaca su abogada, Ofelia Tejerina. Álvaro procedió a pedir la conversión de esos terminales a su equivalente en dinero.
Amparo de la ley
Cada uno de esos aparatos se valoró en 800 euros, por lo que al usuario le correspondió una retribución de 58.000 euros por los terminales, 500 euros de indemnización por unos servicios contratados que nunca llegó a recibir y otros 500 euros por daños y perjuicios. Pedir el equivalente dinerario es llamativo, por la cantidad que supone en este caso concreto, pero se trata de algo normal cuando pasa mucho tiempo y no se cumple la petición inicial del demandante.
El usuario ya no tiene por qué estar interesado en el producto físico y la ley le ampara, detalla la abogada. Pese a su sentencia favorable (y firme), Álvaro entiende que la mayoría de los usuarios no denuncien determinadas prácticas. Según su propia experiencia, el sistema judicial funciona, pero muy lentamente. Aquellos que reclaman una cantidad muy pequeña tienen que invertir un esfuerzo y dinero que quizás no se vea recompensado, se lamenta.
Álvaro asegura que lo que más le ha dolido en todo este proceso es la desconfianza que la empresa ha mostrado hacia él, es decir, que Telefónica Móviles pensase que se quería aprovechar de la situación. Lo hubiera hecho también por tres teléfonos, era mi derecho, concluye.
Las empresas juegan con la dejadez de la gente
Ofelia Tejerina es la abogada de la Asociación de Internautas. Recibe una media de 10 consultas al día sobre todo tipo de temas relacionados con Internet y las telecomunicaciones: servicios de ADSL que incumplen las condiciones de contratación, timos y estafas realizadas a través de la Red, cambios de operador no autorizados o protección de la privacidad en Internet, entre otros muchos temas. Ofrece una orientación legal básica sobre lo que puede hacer el usuario cuando se siente estafado.
Según el último informe del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, una cuarta parte de las estafas que se realizan a través de Internet no superan los 50 euros, una cifra que contribuye a que los usuarios no denuncien el caso.
Esta abogada suele dirigir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, si se trata de un caso de consumo, o bien al juzgado, a través de un procedimiento monitorio.
Estos procedimientos se realizan por cuantías inferiores a 900 euros y no necesitan de abogado ni procurador. Según su experiencia, los usuarios tienen miedo a ir a un juzgado. Si tienes derecho a algo, puedes reclamarlo sin necesidad de un abogado. Es probable que tengas más posibilidades de conseguir un resultado favorable con un abogado, pero en principio no se necesita, explica Tejerina.
La abogada anima a los usuarios a que luchen por sus derechos ya que, según sus palabras, las empresas juegan con la dejadez de la gente. Es consciente de que el caso de Álvaro González es excepcional debido a su tenacidad. Como la compañía no se pronunciaba sobre la resolución, hubo que llegar a juicio, una situación a la que no quiere llegar un elevado porcentaje de los denunciantes.
