Así se ha puesto de manifiesto en una Jornada sobre "La liberalización de las telecomunicaciones y los derechos de los usuarios", organizada el pasado día 2 por la Universidad Europea de Madrid (UEM) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).
Buena parte de los expertos y representantes de los usuarios participantes han coincidido en señalar los "efectos perversos" del modelo de liberalización de las telecomunicaciones desarrollado en España, entre los cuales pueden citarse los siguientes:
- Los operadores entrantes han desarrollado un modelo de negocio basado en la rentabilidad a corto plazo, dedicado a "descremar" el mercado atendiendo a sus segmentos más rentables y sin desarrollar ni nuevos productos ni invertir en la mejora o ampliación de la infraestructura.
- La falta de control a favor de los usuarios y las limitaciones al operador dominante han propiciado estrategias muy agresivas o retardatarias por parte de algunos de los operadores entrantes, como ocurre en el caso de la portabilidad o la banda ancha. En ocasiones, incluso, se han producido acciones fraudulentas, como ocurre con las falsas preasignaciones, sin que se hayan previsto sanciones para las compañías fraudulentas e indemnizaciones para los usuarios.
- Algunos nuevos operadores son sólo filiales de operadores dominantes extranjeros que se benefician de la "discriminación positiva" en nuestro mercado, con lo que los consumidores españoles pueden estar pagando parte de los procesos de liberalización de las telecomunicaciones de los países de nuestro entorno.
- El modelo de liberalización impulsado por la Administración y la CMT penaliza a los usuarios de menor renta, que no sólo no pueden amortizar mediante el consumo telefónico el incremento experimentado por los costes fijos, sino que además financian la mejora de condiciones para los usuarios de mayor consumo. Además, a los consumidores se les impide beneficiarse de los planes descuento del operador establecido, porque éstos se bloquean para propiciar la apertura del mercado.
- Ciertas resoluciones de la CMT sobre la liberalización crean inseguridad jurídica, como la reciente decisión de no declarar a AMENA operador dominante (con lo que los usuarios pagan un 7% más caras las llamadas concluidas en la red de este operador); la falta de control de las irregularidades en el caso de las preasignaciones ya comentado o la desregulación que ha generado los fraudes y abusos en los 906.
- Es muy grave y perjudicial para los usuarios el retraso sine die en la creación de un Fondo de Financiación para garantizar el mantenimiento del servicio universal con participación de todas las operadoras según su volumen de facturación. Este Fondo, previsto por la Ley General de Telecomunicaciones, es común tanto en otros países europeos como en EEUU.
- Existe una posibilidad cada vez más clara de que Telefónica, como operador dominante, no pueda asegurar a los ciudadanos a corto plazo el mantenimiento del servicio universal en telecomunicaciones, al no asegurarse un reequilibrio tarifario que se lo permita
- Los ciudadanos, como usuarios finales, pueden estar deslumbrados con la bajada de precios producida por la liberalización, y no ver el peligro de acabar siendo las principales víctimas de proceso que no promueve la competencia ni el desarrollo del mercado de cara a los nuevos desafíos de las comunicaciones electrónicas.
En esta Jornada han intervenido representantes de la Administración como Bernardo Lorenzo (Ministerio de Ciencia y Tecnología) y Angel García Castillejo (CMT); representantes de operadores como Pablo Molinero (Telefónica) y Fátima de Santiago (Vodafone); miembros de organizaciones de consumidores y usuarios como Miguel Angel Eced (AUTEL), Víctor Domingo (Asociación de Internautas), Bernardo Hernández (AUC) y Enrique Hidalgo (CECU) y expertos en la convergencia tecnológica como Vanessa Ruano (Gretel). Actuaron como moderadores los periodistas Ramón Muñoz (El País) y Antonio Lorenzo (La Gaceta de los Negocios).
Buena parte de los expertos y representantes de los usuarios participantes han coincidido en señalar los "efectos perversos" del modelo de liberalización de las telecomunicaciones desarrollado en España, entre los cuales pueden citarse los siguientes:
- Los operadores entrantes han desarrollado un modelo de negocio basado en la rentabilidad a corto plazo, dedicado a "descremar" el mercado atendiendo a sus segmentos más rentables y sin desarrollar ni nuevos productos ni invertir en la mejora o ampliación de la infraestructura.
- La falta de control a favor de los usuarios y las limitaciones al operador dominante han propiciado estrategias muy agresivas o retardatarias por parte de algunos de los operadores entrantes, como ocurre en el caso de la portabilidad o la banda ancha. En ocasiones, incluso, se han producido acciones fraudulentas, como ocurre con las falsas preasignaciones, sin que se hayan previsto sanciones para las compañías fraudulentas e indemnizaciones para los usuarios.
- Algunos nuevos operadores son sólo filiales de operadores dominantes extranjeros que se benefician de la "discriminación positiva" en nuestro mercado, con lo que los consumidores españoles pueden estar pagando parte de los procesos de liberalización de las telecomunicaciones de los países de nuestro entorno.
- El modelo de liberalización impulsado por la Administración y la CMT penaliza a los usuarios de menor renta, que no sólo no pueden amortizar mediante el consumo telefónico el incremento experimentado por los costes fijos, sino que además financian la mejora de condiciones para los usuarios de mayor consumo. Además, a los consumidores se les impide beneficiarse de los planes descuento del operador establecido, porque éstos se bloquean para propiciar la apertura del mercado.
- Ciertas resoluciones de la CMT sobre la liberalización crean inseguridad jurídica, como la reciente decisión de no declarar a AMENA operador dominante (con lo que los usuarios pagan un 7% más caras las llamadas concluidas en la red de este operador); la falta de control de las irregularidades en el caso de las preasignaciones ya comentado o la desregulación que ha generado los fraudes y abusos en los 906.
- Es muy grave y perjudicial para los usuarios el retraso sine die en la creación de un Fondo de Financiación para garantizar el mantenimiento del servicio universal con participación de todas las operadoras según su volumen de facturación. Este Fondo, previsto por la Ley General de Telecomunicaciones, es común tanto en otros países europeos como en EEUU.
- Existe una posibilidad cada vez más clara de que Telefónica, como operador dominante, no pueda asegurar a los ciudadanos a corto plazo el mantenimiento del servicio universal en telecomunicaciones, al no asegurarse un reequilibrio tarifario que se lo permita
- Los ciudadanos, como usuarios finales, pueden estar deslumbrados con la bajada de precios producida por la liberalización, y no ver el peligro de acabar siendo las principales víctimas de proceso que no promueve la competencia ni el desarrollo del mercado de cara a los nuevos desafíos de las comunicaciones electrónicas.
En esta Jornada han intervenido representantes de la Administración como Bernardo Lorenzo (Ministerio de Ciencia y Tecnología) y Angel García Castillejo (CMT); representantes de operadores como Pablo Molinero (Telefónica) y Fátima de Santiago (Vodafone); miembros de organizaciones de consumidores y usuarios como Miguel Angel Eced (AUTEL), Víctor Domingo (Asociación de Internautas), Bernardo Hernández (AUC) y Enrique Hidalgo (CECU) y expertos en la convergencia tecnológica como Vanessa Ruano (Gretel). Actuaron como moderadores los periodistas Ramón Muñoz (El País) y Antonio Lorenzo (La Gaceta de los Negocios).
