El organismo del Ministerio de Economía investiga el precio de las llamadas de fijo a móvil
RAMÓN MUÑOZ - Madrid.- La Comisión Europea, la CMT, las compañías de telefonía fija y las asociaciones de consumidores coinciden en criticar las tarifas de las llamadas que se originan en un teléfono fijo y tienen como destino uno móvil. En muchos casos, las consideran injustificadas, ya que no sólo son mucho más caras que las llamadas entre teléfonos fijos, sino incluso entre móviles de distintas operadoras.
Según las compañías de telefonía fija (Telefónica de España, Auna, Uni2, Jazztel y otras), la culpa de que esas llamadas sean tan caras no es de ellas, que cobran finalmente la factura al abonado, sino de las operadoras de móviles, que les cobran unas tarifas abusivas por utilizar la parte de la llamada que atraviesa su red (las denominadas tarifas de interconexión).
El Ministerio de Economía, a través del Servicio de Defensa de la Competencia, ha decidido tomar también cartas en el asunto. Este organismo, tras investigar el asunto, decidió el pasado 17 de diciembre abrir un expediente sancionador a las tres operadoras por esas tarifas de interconexión, informaron en fuentes de las compañías.
Tarifas y costes
Este organismo quiere saber si realmente esas tarifas responden verdaderamente a los costes por la utilización de la red y si las operadoras tienen algún tipo de concertación a la hora de fijarlas. El asunto tiene gran importancia puesto que, con más de 33 millones de clientes en España, las llamadas a móviles es uno de los capítulos más importantes de la factura telefónica, representando entre 30% y el 50% del consumo medio de un abonado.
De hecho, las compañías facturaron 1.731 millones de euros en 2001 por las llamadas a teléfonos móviles. La carestía de estas llamadas se pone de manifiesto en que, aunque por tráfico telefónico en minutos sólo representan el 5,4%, generan para las compañías un 28,64% del total de sus ingresos.
La CMT ya obligó el pasado año a Telefónica Móviles y a Vodafone (y, meses después a Amena) a reducir los precios de interconexión un 17%, medida que fue aplicada el 1 de agosto pasado. La CMT atendía así a las quejas de varias compañías de telefonía fija (Retevisión, Uni2, RSL Com, BT y MCI WorldCom) y aprobó el 11 de julio una resolución en la que obligaba a Telefónica Móviles y a Vodafone a reducir el precio medio de interconexión de llamada en 0,0345 euros por minuto, un 17,13%, a todas horas.
La denuncia de los operadores de telefonía fija sobre los precios abusivos que les cobran tanto Telefónica Móviles como Vodafone por la parte de la llamada que transcurre por su red inalámbrica hasta llegar al terminal del móvil fue cifrada por Uni2 en unos 800 millones de euros anuales cobrados indebidamente.
Las compañías de móviles esgrimen en su defensa que lo que en realidad pretenden las de telefonía fija es tener un ingreso extra para su cuenta de resultados, sin que les importen los abonados, a los que por ahora no trasladan las rebajas de tarifas de interconexión. De hecho, tanto Telefónica Móviles como Vodafone presentaron un recurso contra la decisión de la CMT ante la Audiencia al considerar que la resolución era "discriminatoria" respecto a las compañías de telefonía fija, puesto que sus tarifas de interconexión están en la media de la UE.
Las compañías de telefonía fija señalan que deben estudiar cuidadosamente si trasladan la reducción a sus clientes, porque no tienen margen comercial en estas llamadas. Argumentan que, del importe total que paga un usuario a su operador fijo por una llamada a un número de móvil, cerca del 96% se lo queda la compañía de móvil donde termina la comunicación, según fuentes de Uni2.
La Comisión Europea también tiene abierta una investigación sobre este asunto, y ya ha advertido de que pretende reducir las tarifas que cobran los operadores de telefonía móvil por las llamadas que se realizan desde el extranjero. Cuando un usuario viaja fuera de su país, el precio de las llamadas llega a duplicar el de la misma comunicación si se realiza desde un móvil de ese país. Bruselas mantiene abierta una investigación sobre este asunto desde 1999.
Reproducido de El País.
RAMÓN MUÑOZ - Madrid.- La Comisión Europea, la CMT, las compañías de telefonía fija y las asociaciones de consumidores coinciden en criticar las tarifas de las llamadas que se originan en un teléfono fijo y tienen como destino uno móvil. En muchos casos, las consideran injustificadas, ya que no sólo son mucho más caras que las llamadas entre teléfonos fijos, sino incluso entre móviles de distintas operadoras.
Según las compañías de telefonía fija (Telefónica de España, Auna, Uni2, Jazztel y otras), la culpa de que esas llamadas sean tan caras no es de ellas, que cobran finalmente la factura al abonado, sino de las operadoras de móviles, que les cobran unas tarifas abusivas por utilizar la parte de la llamada que atraviesa su red (las denominadas tarifas de interconexión).
El Ministerio de Economía, a través del Servicio de Defensa de la Competencia, ha decidido tomar también cartas en el asunto. Este organismo, tras investigar el asunto, decidió el pasado 17 de diciembre abrir un expediente sancionador a las tres operadoras por esas tarifas de interconexión, informaron en fuentes de las compañías.
Tarifas y costes
Este organismo quiere saber si realmente esas tarifas responden verdaderamente a los costes por la utilización de la red y si las operadoras tienen algún tipo de concertación a la hora de fijarlas. El asunto tiene gran importancia puesto que, con más de 33 millones de clientes en España, las llamadas a móviles es uno de los capítulos más importantes de la factura telefónica, representando entre 30% y el 50% del consumo medio de un abonado.
De hecho, las compañías facturaron 1.731 millones de euros en 2001 por las llamadas a teléfonos móviles. La carestía de estas llamadas se pone de manifiesto en que, aunque por tráfico telefónico en minutos sólo representan el 5,4%, generan para las compañías un 28,64% del total de sus ingresos.
La CMT ya obligó el pasado año a Telefónica Móviles y a Vodafone (y, meses después a Amena) a reducir los precios de interconexión un 17%, medida que fue aplicada el 1 de agosto pasado. La CMT atendía así a las quejas de varias compañías de telefonía fija (Retevisión, Uni2, RSL Com, BT y MCI WorldCom) y aprobó el 11 de julio una resolución en la que obligaba a Telefónica Móviles y a Vodafone a reducir el precio medio de interconexión de llamada en 0,0345 euros por minuto, un 17,13%, a todas horas.
La denuncia de los operadores de telefonía fija sobre los precios abusivos que les cobran tanto Telefónica Móviles como Vodafone por la parte de la llamada que transcurre por su red inalámbrica hasta llegar al terminal del móvil fue cifrada por Uni2 en unos 800 millones de euros anuales cobrados indebidamente.
Las compañías de móviles esgrimen en su defensa que lo que en realidad pretenden las de telefonía fija es tener un ingreso extra para su cuenta de resultados, sin que les importen los abonados, a los que por ahora no trasladan las rebajas de tarifas de interconexión. De hecho, tanto Telefónica Móviles como Vodafone presentaron un recurso contra la decisión de la CMT ante la Audiencia al considerar que la resolución era "discriminatoria" respecto a las compañías de telefonía fija, puesto que sus tarifas de interconexión están en la media de la UE.
Las compañías de telefonía fija señalan que deben estudiar cuidadosamente si trasladan la reducción a sus clientes, porque no tienen margen comercial en estas llamadas. Argumentan que, del importe total que paga un usuario a su operador fijo por una llamada a un número de móvil, cerca del 96% se lo queda la compañía de móvil donde termina la comunicación, según fuentes de Uni2.
La Comisión Europea también tiene abierta una investigación sobre este asunto, y ya ha advertido de que pretende reducir las tarifas que cobran los operadores de telefonía móvil por las llamadas que se realizan desde el extranjero. Cuando un usuario viaja fuera de su país, el precio de las llamadas llega a duplicar el de la misma comunicación si se realiza desde un móvil de ese país. Bruselas mantiene abierta una investigación sobre este asunto desde 1999.
Reproducido de El País.
