Sin embargo, UCGAL no comparte en absoluto esta valoración del regulador y entiende que una estrategia tan agresiva como la que está dando origen a miles de quejas y que protagoniza importantes campañas en redes sociales, llevó sin duda a que muchos usuarios optaran por la contratación de aquel producto en detrimento de otros de similar naturaleza ofrecidos por otros operadores o incluso que cambiaran de empresa guiados por aquella publicidad. Para esta asociación el precio de un producto o servicio es determinante para que un consumidor adopte su decisión de contratar, y la importancia del factor precio aumenta cuando además se juega con el factor de su estabilidad, en un mercado caracterizado por la volatilidad de este elemento esencial.
La vigente Ley de Competencia Desleal reputa cómo desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa que pueda inducir a error de los destinatarios y sea susceptible de alterar su comportamiento económico al incidir en aspectos como el precio o su modo de fijación.
UCGAL considera que ante unos hechos de la entidad como los que socialmente se están enjuiciando, el regulador debería haber iniciado una investigación que evaluase el impacto real que en la competencia tuvo o pudo tener aquella conducta, así como el beneficio que puede obtenerse con la misma (recordando los casi 4 millones de clientes y un incremento de hasta el 8% en la factura mensual). Además considera incomprensible que la CNMC entienda que la conducta de Movistar no es susceptible de afectar a la competencia alegando que se trata de una estrategia comercial utilizada por casi todos sus competidores, y se pregunta si eso significa que no deba castigarse una conducta prohibida cuando son muchos los que la realizan.
Ante la magnitud del problema, UCGAL propuso al Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios (CGCU) trasladar esta cuestión a la Fiscalía Superior de Galicia. En el seno de una reunión mantenida el pasado 21 de abril en la ciudad de A Coruña la Presidenta y el Vicepresidente del CGCU (Rosa Celia Otero Raña y Miguel López Crespo), dieron cuenta de éste y otros asuntos que afectan a los usuarios gallegos al Fiscal Superior, Fernando Suanzes y al Teniente Fiscal, José Ramón Piñol.
Uníón de Consumidores de Galicia
