El Gobierno no sabe qué hacer ahora con la 'tasa Google', el recargo impuesto en la Ley de Propiedad Intelectual a los agregadores por subir a la red las noticias de los periódicos. Aprobó este impuesto dentro de esa ley que entró en vigor el 1 de enero pasado, pero quedó pendiente de desarrollarla a través de un reglamento que fijara los precios a pagar a los diarios por cada noticia. Ocho meses después, no se ha escrito ni una letra de ese reglamento. Sin embargo, sí ha tenido consecuencias negativas para los usuarios, para el sector, y para los periódicos digitales más pequeños debido a que el gigante americano decidió cerrar su servicio Google News, afectando principalmente a los diarios que no tienen una marca conocida para el gran público.
Además de no haber redactado ese reglamento, el Gobierno ni siquiera quiere que se hable del tema puesto que no ha contestado a una pregunta por escrito que registró en el Congreso UPyD en junio reclamando al Gobierno información sobre los plazos previstos de desarrollo de la norma. "No, no ha contestado y no creo que lo haga. Una muestra más de cómo actúa este Gobierno", señala Carlos Martínez Gorriarán, portavoz del partido magenta en el hemiciclo. UPyD es uno de los partidos que se opuso a esta ley. Cultura no ha contestado a la llamada de este diario.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la 'tasa Google' el año pasado generando una gran polémica tanto entre los medios de comunicación como en las empresas de internet. Según publicaron varios diarios,
La norma se aprobó por la presión de los grandes editores, que exigían el pago de un canon a Google por permitir que la norma se aprobó por la presión de los grandes editores, agrupados en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que exigían el pago de un canon a Google por permitir que 'subiera' sus noticias a la Red y comercializara con ellas. Esas presiones surtieron efecto y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, impuso al entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert, la inclusión de esta tasa en la Ley de Reforma de la Propiedad Intelectual.
La mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario, los agregadores de noticias como Google y los medianos y pequeños editores de periódicos, agrupados en la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), se opusieron a esta ley. El gigante americano decidió cerrar Google News el 16 de diciembre, convirtiendo a España en el primer país del mundo donde tomaba esta drástica decisión. "No nos afecta en nada porque económicamente para nosotros era residual y en número de trabajadores tampoco ha supuesto ningún despido. Fue una pena tener que tomar esa decisión porque era una herramienta para que periódicos y lectores estuvieran en contacto", explican desde Google España.
Impacto económico de la medida
Desde la AEEPP y la AEDE coinciden en señalar que el cierre de Google News ha afectado de manera desigual a los diarios. Los grandes han perdido sólo entre un 2% y un 3% de tráfico mientras que los más pequeños alcanzan una reducción del 15%. "La razón es que mientras los grandes diarios tienen marca y eso hace que el usuario vaya a visitar su página, los más pequeños dependen más de los buscadores y de los servicios de noticias", explica un protavoz de la AEEPP.
Esta asociación, que preside Arsenio Escolar y que representa a más de mil publicaciones digitales de mediano y pequeño tamaño, encargó un estudio a la consultora Nera sobre el impacto económico de la norma. Según ese estudio, el incremento en el tiempo de búsqueda de noticias para los consumidores significaba unas pérdidas económicas que calcula en 1.750 millones de euros. El siguiente gráfico muestra cómo afectó al tráfico de los diarios españoles las primeras horas sin Google News en España:
Además, el informe resalta el impacto negativo que tendrá para la economía española por las barreras de entrada al sector que supone una ley como ésta. En efecto, tanto este informe de Nera como la propia entrada en vigor de la norma han dado la vuelta al mundo. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, criticando al Gobierno español por tomar una medida como ésta. La catedrática de Propiedad Intelectual de la Universidad Oberta de Cataluña, Raquel Xalabarder, también ha publicado un informe donde concluye que es una "reforma inútil, injustificada y doblemente inútil".
En este sentido, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán apunta que "hace unos meses celebramos en el Congreso una jornada con numerosos emprendedores tecnológicos de varias empresas y la mayoría concluyó que hasta que no se aclarara este asunto iban a revisar sus inversiones en España".
División en AEDE
Ocho meses después de aprobada la ley se ha rebelado también la división existente en AEDE sobre la polémica tasa. Distintas voces, en privado o en público, tanto del diario El Mundo como de El País se han mostrado en contra del recargo. El propio Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, declaró en julio que "mientras yo sea presidente de Prisa, ninguno de los medios del grupo va a cobrar esa tasa". Brindis al sol puesto que la norma prohíbe la renuncia a cobrar el canon.
La situación en AEDE ha cambiado tanto desde que presionaron al Gobierno para que impusiera esa tasa, que hasta la directora general adjunta de la asociación, Irene Lanzaco, firme defensora de la tasa, ha abandonado AEDE y ha recalado como Directora General de Gabinete de Presidencia de la Editorial Prensa Ibérica, dueña de numerosos medios de comunicación regionales.
