Asociación de Internautas

A mediados de 2017, un gravísimo fallo de seguridad en la plataforma LexNET, el sistema telemático del Ministerio de Justicia que costó 7 millones de euros a los españoles, dejó expuestos todos los procedimientos judiciales y permitió la filtración de más más de 11.000 documentos con información sumamente sensible.

El escándalo de Facebook y Cambridge Analytica es una llamada de atención para los responsables políticos. Es un problema global. En estos momentos más de 580.000 internautas de todo el mundo, preocupados por la protección de sus datos están firmando la “Carta abierta a Facebook en defensa de la privacidad, la democracia y nuestro futuro.”

Facebook y las redes sociales están fuera de control. ¡270 MILLONES de cuentas de Facebook son falsas! Han robado los datos de 87 millones de personas para ayudar a Trump a ganar. Las operaciones de desinformación de Rusia han generado MILES DE MILLONES de "shares”. El miércoles, el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, hará historia al testificar ante el Congreso de EE.UU. Es nuestra oportunidad de obligar al gobierno y a las grandes empresas de Internet a comprometerse a arreglar este desastre. Firma la carta abierta a continuación con un clic, y Avaaz se la entregará en una acción enorme en el exterior del Congreso: 

Jaume Segáles, director del programa Kilómetro Cero de EsRadio conversa con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas,sobreel inicio de actuaciones del Defensor del Pueblo para averiguar porque no se pueden renovar/ solicitar los certificados de la FNMT por Internet, la renuncia de la Europa para legislar sobre la “noticias falsas” y el toque de atención de la CNMC al Gobierno español para que no se concedan ayudas a los operadores telefónicos para desplegar banda ancha donde están obligadas

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de reclamación de deudas a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le reclamaba en relación a servicios de telefonía móvil, y con la que ella estaba en desacuerdo, ya que ello fue una vulneración de su derecho al honor. El Supremo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso.

¿Y si alguien hubiese estado compartiendo tu vida en Internet, a golpe de instantánea, desde que estabas en el vientre materno? Lo más seguro es que no te hiciese ni pizca de gracia, pero son muchos los padres del siglo XXI que comienzan a construir las identidades digitales de sus hijos cuando publican la primera ecografía en las redes sociales. Y a partir de ese momento, se sucede toda una retahíla de imágenes con las que se narran casi al minuto cómo va progresando la criatura: la foto con el gorrito en la cuna del hospital, la llegada al hogar familiar, el primer bibe, la primera papilla, los primeros pasos, el primer día de colegio?

Con la presentación de la nueva tarifa convergente de Yoigo que incluye la utilización ilimitada de datos en le móvil, el grupo MásMóvil ha dado un paso importante hacia la revolución de las telecomunicaciones que se está gestando y que supondrá la conexión de todo, en todo momento y en todo lugar, y la utilización intensiva del video, para lo que se necesitan precios predecibles y esta tarifa, la primera de este tipo en España, lo hace posible.

Hace dos meses desde la Asociación de Usuarios de Internet presentamos una queja en el Ministerio de Hacienda ante la imposibilidad de renovar/solicitar los certificados de la FNMT por Internet con los navegadores que usan las PYMES y los ciudadanos. La única forma posible de hacerlo es instalando navegadores desactualizados algo peligroso y desaconsejado desde el punto de vista de la seguridad y del sentido común.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que no se concedan ayudas públicas a Telefónica, Vodafone y Orange para el despliegue de la banda ancha a zonas remotas en las que están obligadas a hacerlo por resultar adjudicatarias de espectro en la subasta de la banda de 800 MHz celebrada en 2011.

Tenga o no el servicio establecimiento físicamente en UE y en un plazo de 10 días o 6 horas si hay urgencia. La Comisión Europea tomará medidas contra las empresas tecnológicas que recopilan las denominadas pruebas electrónicas necesarias para las investigaciones penales, independientemente de dónde se encuentren las empresas o de dónde se almacenen los datos de los usuarios, según la propuesta obtenidas por EURACTIV.

Desde hoy, cualquier ciudadano de la Unión Europea podrá acceder a todos los contenidos digitales a los que esté suscrito desde cualquier otro país miembro, tal y como lo hace en su domicilio habitual, sin que se le pueda impedir el acceso a ningún título o servicio. La medida, que se encuentra enmarcada dentro de la implementación del "Mercado Digital Único Europeo" que ya propició el fin del "roaming" para llamadas y datos móviles el pasado 15 de junio de 2016, ha sido confirmada esta semana por la Comisión Europea y entrará en vigor mañana 1 de abril afectando a todas las suscripciones digitales de pago.

En este mensaje se tratará el uso por parte de las compañías telefónicas de tácticas dilatorias destinadas a retrasar e impedir la presentación por parte de los usuarios de reclamaciones. A las compañías, como es lógico, no les gusta que los usuarios les presenten reclamaciones cuando fallan en el trato que dan a sus cliente y, por eso, intentan por diversos medios que, o bien no las pongan o, si las ponen, que aquellas no se gestionen correctamente o no prosperen.

Las asociaciones público-privadas (APP) cofinanciadas por la UE no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Las APP auditadas presentaban deficiencias generalizadas y beneficios limitados, que supusieron 1.500 millones de euros de gasto ineficiente e ineficaz. Además, la relación calidad-precio y la transparencia se vieron considerablemente comprometidas, en concreto por una política y una estrategia poco claras, por un análisis inadecuado, por el registro de las APP fuera del balance y por acuerdos desequilibrados de distribución del riesgo.