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Empresarios españoles pagan por presionar a los periódicos para que borren noticias negativas


Empresarios y empresas españolas intentan a diario que los medios de comunicación eliminen de sus hemerotecas referencias a sus problemas pasados con la Justicia o noticias negativas que manchan su reputación. Van desde ejecutivos de rango medio que se vieron implicados en casos de fraude fiscal a empresas que quieren borrar el rastro de adjudicaciones polémicas. Contratan a despachos de abogados o a compañías especializadas en el borrado de datos en Internet. Estas envían a los medios correos certificados con argumentaciones legales y, en ocasiones, con amenazas veladas, para intentar que borren los enlaces en los que se habla mal de sus clientes. Si no lo consiguen, presionan para que sustituyan el nombre por las iniciales, y así dificultar la búsqueda en Google; o para que directamente ordenen al buscador no incluir esa noticia.




MARIO SAAVEDRA en Te Interesa.es.- Pagan, en fin, para que un tercero consiga borrar su pasado y así evitar problemas presentes o futuros.

Si los medios no ceden (y "los grandes como El País o El Mundo no suelen aceptar", según un ejecutivo del sector que prefiere mantenerse en el anonimato) se activa el plan B: inundar la red con decenas de artículos positivos sobre el cliente. Eso se consigue pagando a medios para que publiquen publirreportajes, o publicándolos en una red propia de blogs o medios de cartón piedra. Era, en esencia, a lo que se dedicaba el informático de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para limpiar la reputación de sus clientes. Ante el aluvión de noticias positivas, Google va desplazando las negativas de su lista de resultados hasta las páginas cinco o seis, a las que pocos llegan. Y lo que no sale en Google, no existe.

El caso de Falken SA

Un caso paradigmático es del de la empresa de material antidisturbios Falken SA, ligada a la familia del ex diputado del PP Ismael Bardisa Jordá.

A finales de 2014, los responsables de la página web de citas de artículos de medios Menéame y la Fundación Ciudadana de Tecnología y Periodismo Civio recibieron una petición de la empresa de borrado de datos Eliminalia para que retiraran sendos enlaces relacionados con Falken SA.

"Interior compra material antidisturbios a los hermanos de un ex-diputado del PP por valor de 200.000 euros", decía la nota. Éste era solo el último contrato obtenido por Falken. En total, los contratos obtenidos del ministerio de Interior desde 2000, mientras Bardisa Jordá era diputado, se acercaban a los ocho millones de euros. Falken está dirigida por los hermanos de Ismael, José, Juan y Jorge Bardisa Jordá, todo según quienmanda.es, de Civio.

Eliminalia no consiguió convencer a Menéame o Civio de la retirada.


Sin embargo, desde entonces, lo que se ve en el buscador cuando se inquiere por la empresa ha cambiado radicalmente. "Consiguieron temporalmente su objetivo", dice una persona conocedora de la estrategia que prefiere no dar su nombre

La ?foto? de búsqueda de 2014 arroja un buen puñado de noticias negativas: desde que vendía material antidisturbios a la Venezuela represiva de Nicolás Maduro a la relación con el diputado del PP.  



Unos años después, esos enlaces han caído hasta páginas "innobles" (la tres, cuatro o cinco), y han sido sustituidas por altas de la empresa en todos los directorios de empresas habidos y por haber.


Más tarde han aparecido, siempre en páginas secundarias, artículos de diarios de primera línea con las explicaciones pedidas en sede parlamentaria a Jorge Fernández Díaz por la compra de material antidisturbios a Falken.


Aluvión de peticiones de despachos a medios grandes y pequeños

La práctica se ha convertido en parte del día a día de los medios digitales.

"Nosotros tratamos de eliminar el contenido negativo de Internet, y tenemos un ratio de éxito del 90%", reconoce a Teinteresa.es Samuel Parra, socio de ePrivacidad. "Primero llamamos a los medios para intentar que incluyan el enlace a la noticia negativa en la lista de excluidos de indexación por Google [como sacar la ficha de un libro del índice de una biblioteca]. También tenemos litigios con medios por contenidos injuriosos o que incluyan la revelación de secretos", explica. Si todo falla, lanzan el servicio de "presencia en Internet", generando contenido positivo.

Por ejemplo, en uno de los requerimientos recibidos por este diario de un despacho de abogados se solicitaba el borrado de un enlace a una noticia en la que se hablaba de la imputación de un conocido empresario madrileño por corrupción. Recientemente, el empresario ha salido absuelto de ese caso, hecho que también ha sido publicado por el diario.

Las razones alegadas son muy similares en todos los requerimientos. Primero suelen referirse al perjuicio personal que produce a sus clientes. "Aparecen publicados los datos personales", lo que daña su "reputación digital", además de que "la información es muy perjudicial para la vida privada y profesional" del cliente y de "su familia y amistades".  Casi siempre hay una referencia a la falta de vigencia informativa, por haber pasado años del asunto: ?La nota es a día de hoy obsoleta e irrelevante?.

Después suele incluirse una referencia a la Ley de Protección de Datos Personales y al Derecho al Olvido refrendado por el alto tribunal europeo.

Una vez expuesto el caso, se pide la eliminación del enlace o URL concreto. Si esto no es aceptable, se solicita que se sustituya nombre y apellidos por las iniciales, que se incluya en el código informático de la página etiqueta ?noindex? para instruir a los robots de Google u otros de que ese enlace no ha de ser indexado en su buscador.

Se termina con una pequeña amenaza velada: quien vulnere el deber de secreto de la información personal y los datos personales sin consentimiento estará incurriendo en una falta grave, según "la ley de economía sostenible de 2011".

¿Qué han de hacer los medios?

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que agrupa al grueso de los periodistas asociados del país, no tiene aún ninguna recomendación sobre qué hacer en estos casos.

El País ha sido el primer medio que ha puesto por escrito una guía sobre qué hacer en casos de solicitudes de este tipo.


En su último libro de estilo establece que ?las informaciones archivadas y con acceso desde www.elpais.com que den cuenta de investigaciones, imputaciones, acusaciones, detenciones, encarcelamientos o condenas que hayan sido revocadas por decisión policial o judicial posterior deberán contener una advertencia al respecto y un enlace con la última información disponible sobre el caso?.

Pero continúa diciendo que, para todos aquellos particulares que reclamen el ?derecho al olvido? en forma del borrado de una noticia, crónica o reportaje veraz que afecte a su imagen:

  1. "Nunca se producirá el borrado de los archivos digitales de El País, pero se puede considerar la posibilidad de ocultarlos a los buscadores de Internet.
  2. La información debe haber sido publicada más de 15 años atrás respecto al momento en que se reclama su borrado.
  3. La información ha de perjudicar a la persona reclamante en su vida familiar o profesional.
  4. No se considerarán las reclamaciones que afecten a hechos que figuren en sentencias firmes de los tribunales de justicia y se refieran a actos de violencia".

Las reglas dejan abierta la posibilidad de que casos relevantes relatados por el diario desaparezcan de los buscadores.  Hay casos que cumplen los cuatro criterios y generarían una enorme polémica en caso de descubrirse que han sido "desindexados" de los buscadores. Por ejemplo la implicación de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana en los ochenta. En este caso  han pasado 15 años, daña la reputación del ex president y no es un acto de violencia. El personaje ha caído en desgracia y hay demasiado rastro digital, dado su alto nivel político y judicial. Pero, ¿qué ocurre si se elimina el rastro de otros casos no tan relevantes ahora, pero posiblemente pertinentes en un futuro?

"Nosotros no creemos que un director de un medio o Google tengan que decidir qué se borra y qué no; eso lo ha de hacer un juez", opina para Teinteresa.es Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. ?Lo contrario es coartar la libertad de expresión. No se puede ir borrando la realidad. ¿Se destruirían los ejemplares en papel de las hemerotecas?

Un negocio que se ha estancado

Los departamentos de Recursos Humanos de las empresas tienen cada vez más en cuenta el rastro digital, sobre todo para contratar ejecutivos. Buscan su nombre en Google, además de ver qué perfil tiene en redes sociales.

Si la primera búsqueda arroja que el candidato fue detenido o que estuvo envuelto en algún tipo de polémica, el nombre queda manchado. Esto ha provocado el surgimiento de empresas de borrado de datos en Internet (Ciberderecho, Eliminalia, Bórrame, ePrivacidad, entre otras).

"En ePrivacidad recibimos en torno a tres o cuatro posibles clientes diarios", afirma Parra. "Lo que hacemos es estudiar cómo funciona Google, cómo se actualiza; creamos contenido sobre los clientes, especialmente redactado  para que al buscar su nombre se posicione bien en el buscador; también creamos contenidos a través de notas de prensa o publirreportajes, redes sociales, blogs anónimos, etc".

Hubo un auténtico boom en 2014, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldara que los motores de búsqueda como Google debían retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que perjudican a un ciudadano y no son ya pertinentes.

Google puso entonces en marcha un formulario online para solicitar la desindexación de resultados. Se pregunta qué términos de búsqueda (el nombre) se desea eliminar; los motivos de la eliminación; y, si se es, como suele ser habitual, representante legal, una copia de los poderes de representación.

En el primer año aceptó un 48% de las casi 220.000 peticiones de retirada de datos. Desde entonces, se ha vuelto más duro. Ahora solo acepta el 43% de las 736.000 recibidas.

¿Debe un periódico borrar las noticias de un juicio cuando la persona ha sido exculpada?


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