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El Gobierno sólo podrá acceder a las claves previa autorización judicial


El Gobierno requerirá autorización judicial para acceder a las claves de acceso de las comunicaciones codificadas ('encriptadas'), según el texto de una enmienda del PP al proyecto de ley General de Telecomunicaciones (LGT). Esta es una de las principales novedades incluidas en la treintena de enmiendas parciales que el PP ha presentado al texto de la ley, que en su mayor parte introducen "meras" modificaciones técnicas, señalaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

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En concreto, la Administración, en el marco de una investigación de un presunto delito cometido a través de comunicaciones electrónicas, sólo podrá obligar a un usuario de la Red a ceder las claves de las comunicaciones 'encriptadas' --que ofrecen seguridad para impedir el acceso a la comunicación-- "previa autorización judicial".

De este modo, introduce esta condición la autorización judicial para acceder a dichas comunicaciones que, anteriormente, no estaba especificada.

Otra de las modificaciones que introduce el PP en el texto sobre telecomunicaciones es la creación de una 'Agencia del Espectro' para gestionar y administrar el uso que hacen del espacio radioelectrónico los operadores, radios y televisiones, además especificó que este órgano de nueva creación será independiente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), si bien estará vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT).

Además, el PP introduce también como novedad la posibilidad de que los operadores que tienen derechos de uso del espacio radioléctrico, del cual es titular el Estado, podrán "vender y comprar", además de traspasar a terceros, sus derechos de explotación que otorgan sus respectivas licencias.

Por su parte, PSOE, IU e CiU apuestan, en sus enmiendas al articulado cuyo plazo de presentación finalizó anteayer, por incluir la telefonía en el servicio universal, así como por establecer un modelo de financiación mixto en Telecomunicaciones, entre otras cuestiones.

El PSOE ha presentado más de sesenta enmiendas al articulado del proyecto de LGT en las que piden, entre otras cuestiones, el establecimiento de un modelo de financiación mixta en los servicios de Telecomunicaciones, además de ampliar dentro del servicio universal la telefonía móvil.

Así lo señaló a Europa Press la portavoz socialista en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, Francisca Pleguezuelos, que indicó que también proponen que se desligue competencialmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), de tal manera que se quede claramente definido las funciones y competencias de cada órgano en aras de alcanzar mayor "eficacia".

Además, Pleguezuelos considera "inadmisible" el artículo 36 del LGT referente al acceso de la Administración de las claves de acceso a comunicaciones codificadas, por ello en las enmiendas de los socialistas se hace hincapié en la "supresión" de este apartado en su "totalidad".

La diputada argumentó que, si con ello, la Ejecutivo pretende perseguir un supuesto delito que se cometa a través de estas comunicaciones, considera que debe hacerse por la vía del Código Penal, y no dentro de este proyecto de Ley.

Desde el PSOE se defiende también la creación de un Plan Nacional para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, con rango de Ley que persiguiese de forma "efectiva" la convergencia tecnológica de España con la UE y que recogiese las recomendaciones de la Comisión Soto, que coinciden con las propuestas socialistas.

Capacidad legislativa autonómica

El portavoz adjunto de CiU en el Congreso de los Diputados, Jordi Jané, explicó a Europa Press que sus enmiendas parciales, en torno a 60, están encaminadas a garantizar que las comunidades autónomas tengan "capacidad legislativa" para regular materias relativas no sólo a Telecomunicaciones, sino también a comunicaciones electrónicas.

Igualmente, defienden que el servicio universal englobe, además del propio acceso a Internet, también la conexión a la Red a través de banda ancha en los "núcleos de población", así como la telefonía móvil.

No obstante, Jané incidió en que estos servicios deben ir acompañados de "financiación" para que se garantice la prestación de estos servicios.

Otras de las modificaciones que defiende CiU van encaminadas a garantizar la financiación mixta de las Telecomunicaciones ya que, indicó Jané, el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones "prohíbe" tal como está redactado la financiación pública.

Asimismo, proponen la creación de la 'Agencia de Gestión del Espectro' para administrar las frecuencias del espectro radioeléctrico que estuviera integrado por vocales de cada comunidad autónoma y vinculado a un Ministerio a elegir por el Gobierno, y se ubicase fuera de Madrid.

Por otra parte, IU propone en sus más de 20 a las que tuvo acceso Europa Press, que la CMT, en la forma establecida por la propia Ley pueda imponer a los operadores que hayan sido declarados con poder significativo en el mercado obligaciones en materia de transparencia, no discriminación, separación de cuentas, acceso a recursos específicos de las redes y a su utilización, así como control de precios y contabilidad de costes.

Con ello se pretende, argumentaron, eliminar la referencia deslegalizadora contenida en el proyecto de Ley remitido por el Gobierno.

Desde IU se hace también hincapié en establecer las medidas que eviten de forma efectiva el acceso no deseado a servicios 'online' de tarificación adicional ya sea mediante marcación directa, bien a través e la utilización de medios ocultos a los usuarios como es el caso de accesos a través de Internet mediante engaño por "cliqueo" de botones o formatos webs equivalentes.

Reproducido de Europa Press

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