El pasado 10 de octubre de 2018, la Asociación de Internautas cumplió 20 años de existencia y cuya participación en la consecución de la tarifa plana para acceder a Internet, la lucha contra el canon digital o su aportación a la redacción de la Ley de Comercio Electrónico LSSI, son algunos ejemplos para entender el desarrollo de la Internet española.

Ayer, Día de la Constitución, el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), una norma que legaliza el envío de propaganda política a partir de una recopilación de datos personales de los ciudadanos.

Hoy, Día de la Constitución, el Boletín Oficial del Estado publica la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), una norma que legaliza el envío de propaganda política a partir de una recopilación de datos personales de los ciudadanos.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Asociación de Internautas, FACUA-Consumidores en Acción, ADIGITAL, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Asociación Española de Startups han difundido hoy un manifiesto conjunto en el que muestran su rechazo a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada hace solo una semana en el Congreso y que ahora se está tramitando de forma urgente en el Senado. De hecho, el próximo viernes acaba el plazo para que los Grupos Parlamentarios presenten enmiendas a esta norma.

El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual en España fue publicado en el BOCG el pasado día 27 de noviembre, y sorprendentemente recoge la “enmienda 32 de los Grupos GP, GS y GCs”, que se refiere a la letra b) del apdo. 6 del art. 195. Es decir, se acepta lo siguiente: “La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. O lo que viene siendo el típico “los jueces no pueden hacer su trabajo, quítalos que ya lo hago yo”.

Internautas y empresarios se han opuesto hoy a la futura ley europea de derechos de autor (copyright), porque su polémico artículo 13 obligará a las plataformas digitales a ser "policía y juez" de los contenidos protegidos que se suben a Internet.

Desde hace unos años Youtube se ha convertido en una alternativa muy seria a la TV para muchos niños. Una alternativa que los propios padres han adoptado con fuerza dada la sencillez de la aplicación, la posibilidad de acceder a contenido casi inacabable, su gratuidad y que Youtube sirve muchas veces de "canguro digital" de los niños.

El Reglamento (UE) 2018/302 («Reglamento sobre el bloqueo geográfico»), que entra en vigor hoy, 3 de diciembre, tiene por objeto ofrecer más oportunidades a los consumidores y las empresas dentro del mercado interior de la UE.

En concreto, aborda el problema que sufren algunos clientes, que no pueden adquirir bienes y servicios de comerciantes situados en un Estado miembro diferente, incluso en las mismas condiciones que la población local, únicamente por razón de su nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento.

Cuando se cumplen treinta años del Día Mundial de la Ciberseguridad, esta jornada que se celebra hoy como cada 30 de noviembre coincide con el despegue de un nuevo marco legal en Europa para asegurar la privacidad de los datos personales en caso de brechas de seguridad y ciberataques contra empresas.

Es evidente que cada vez somos más las personas que decidimos comprar en línea, por ese motivo conviene ser conscientes de como afrontar algunos de los riesgos o inconvenientes que supone ésto si no se hace correctamente. A continuación publicamos 10 recomendaciones que debemos saber a la hora de comprar por Internet.

La Asociación de Internautas  junto con otras cincuenta y tres ONGs , ha enviado una carta al Consejo de la Unión Europea  sobre la nueva Directiva de derechos de autor, antes de una reunión crucial sobre este asunto que mantendrán este viernes 23 de noviembre.

La nueva ley orgánica de Protección de Datos (LOPD) que desarrolla en España el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) –que ya ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso, y que se debatió ayer en el pleno del Senado– permitirá a los partidos no sólo mandar propaganda electoral mediante cualquier medio de comunicación directa –como mensajes de WhatsApp o correo electrónico–, sino además rastrear datos personales y opiniones políticas –por ejemplo en las redes sociales– sin necesidad de obtener el consentimiento del afectado. Eso les permitirá hacer perfiles ideológicos y personalizar su propaganda en las campañas electorales.

Mañana, a las 20 horas, tendrá lugar, en el Hotel Palace de Madrid, la ceremonia de entrega de los Segundos Premios Confilegal. Será un acto en el que se distinguirá a cuatro personas y una institución, en las categorías Trayectoria, Legal Tech Santander, Innovación, Independencia y Compromiso y en el que habrá un reconocimiento especial al Tribunal Constitucional, en la persona de su presidente, Juan José González Rivas, por el  rol esencial que el máximo tribunal de garantías ha jugado en la estabilidad del sistema democrático a lo largo de sus 40 años de existencia. 

En este mensaje se tratarán dos casos especiales del arbitraje de consumo, como son el arbitraje electrónico y el arbitraje colectivo
 
            El primero, el electrónico, consiste en que todo el proceso de arbitraje se lleva por medios telemáticos y electrónicos, tal y como dispone el artículo 51.1 del real decreto 231/2008, si bien puede haber algún tipo de gestión que se pueda realizar de forma convencional, como podrían ser algunas pruebas
 
          El segundo, el colectivo, tiene por objeto resolver en un único procedimiento arbitral de consumo los conflictos que, basándose en unos mismos hechos, hayan lesionado, o puedan lesionar los legítimos intereses colectivos de los consumidores, y que puedan haber afectado a un número determinado de ellos, tal y como dicta el artículo 56 del real decreto 231/2008