Podría ser una de las películas más vistas de 2020: "The Social Dilemma" de Jeff Orlowski, en el que destacados ex directivos y fundadores de las mayores redes sociales del mundo alertan sobre el inmenso poder que éstas están acumulando sobre las personas, y el peligro que este poder supone para la libertad y para la democracia.

En los últimos meses se ha visto un  flujo constante de propuestas, alentadas por la recomendación del FBI y el Departamento de Justicia, para proporcionar "acceso legal" a servicios cifrados de extremo a extremo en los Estados Unidos. Ahora, los grupos de presión se han trasladado de Estados Unidos, donde el Congreso se ha visto paralizado en gran medida por los problemas de polarización de la nación, a la Unión Europea, donde los defensores de las leyes contra el cifrado esperan tener un viaje más tranquilo. Una serie de documentos filtrados de las más altas instituciones de la UE muestran un plan de cómo pretenden hacer que eso suceda, con la aparente intención de presentar la ley anti-cifrado al Parlamento Europeo dentro del próximo año.

Si tiene más de 30 años, seguramente recuerde perfectamente cómo era el mundo antes de que las redes sociales comenzasen a transformarlo irremediablemente. A comienzos del siglo XXI, algo antes de la aparición de Facebook, seguíamos empleando las cabinas de teléfono y el correo tradicional para mantener el contacto con familia y amigos. Ahora, gracias a servicios como Instagram, que acaba de cumplir 10 años de existencia, es posible compartir imágenes, vídeos y mensajes con cualquiera. Independientemente del país donde se encuentre y de la hora que sea.

Ni la liberación del Código Fuente de Radar Covid, aplicación para rastrear el coronavirus de forma telemática y dar cuenta de los contagios existentes, ha logrado romper el recelo de los ciudadanos españoles.

El precio que pagamos por iniciar sesión con Facebook o Google en las aplicaciones

¿Cuántas contraseñas utiliza un usuario medio a lo largo del día? ¿50? ¿100? Y se supone que todas ellas tienen que ser diferentes, largas, suficientemente complejas, no estar relacionadas con su vida, etc. Todo esto para que sean seguras y un atacante no las pueda adivinar o reutilizar si las averigua o roba.

Para ahorrarles trabajo, en los últimos años se está trabajando mucho en ofrecer a los usuarios soluciones que les permitan autenticarse (demostrar que son quienes dicen ser) cuando necesitan utilizar un recurso, aplicación o servicio web, normalmente desde su ordenador o móvil.

Por lo acontecido en el entorno de las relaciones comerciales UE-EE.UU. en general y de la Protección de Datos en particular, en los últimos dos años, se me vuelve a venir a la memoria la película "Bienvenido Mr. Marshall", una de las obras maestras de Berlanga de los años 50. En ella, aparece el pueblo de Villar del Río, cuyos habitantes están contentos porque los americanos van a visitarles con ocasión de la presentación en España del Plan Marshall. Ese plan, iniciado en Estados Unidos en 1947, consistió en ayudar a países europeos a recuperarse tras la II Guerra Mundial y frenar la expansión soviética.

Estados Unidos no da garantías suficientes para proteger la privacidad de los datos. Así lo cree el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien ha decidido declarar invalido el acuerdo de 'Escudo de la privacidad' de 2016 entre la Unión Europea y los EE.UU, por el cual las empresas norteamericanas como Apple o Google pueden llevarse los datos de usuarios europeos a EE.UU.

El TJUE no obliga a facilitar la dirección IP o el "email" de quienes suban ilegalmente obras originales a las plataformas "online"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado alto y claro aclarando el concepto de dirección, vigente en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Y debe interpretarse como nombre y dirección postal.

Nada más.

El Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital ha abierto una consulta para la elaboración de una carta de derechos Digitales en la que los interesados pueden realizar observaciones y comentarios en relación no sólo con las cuestiones expresamente planteadas en la presente consulta, sino sobre cualesquiera otras que consideren relevantes

Un grupo de expertos trabaja con el Gobierno en la elaboración de un documento que desarrolle la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales. Dos de ellos, Ofelia Tejerina y Miguel Pérez Subías, explican a ComputerWorld la razón y objetivos de esta iniciativa.

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, es una luchadora incansable en la defensa de los usuarios de internet. Forma parte del grupo asesor del Gobierno para redactar la Carta de Derechos Digitales: "Tiene que ser algo más que una declaración de intenciones"

Tres expertos en derecho constitucional debatieron este martes sobre Derecho, tecnología y pandemia en el "webinar" organizado por la Facultad de Derecho de ICADE Comillas y el Centro de Innovación del Derecho.

En la mesa intervinieron, Federico de Montalvo, director del Centro de Innovación del Derecho (CID), Ofelia Tejerina, presidenta de la asociación de internautas y Francisco Martínez, letrado de las Cortes y exsecretario de Estado de Seguridad entre 2016 y 2018, quienes intercambiaron impresiones.

Opinión de nuestro panel de expertos sobre las aplicaciones móviles contra el COVID-19 que están proliferando en esta situación que estamos viviendo y las impicaciones que tienen en nuestra vida, presente y futura.