Opinión de nuestro panel de expertos sobre las aplicaciones móviles contra el COVID-19 que están proliferando en esta situación que estamos viviendo y las impicaciones que tienen en nuestra vida, presente y futura.

El uso de aplicaciones para rastrear los contagios de coronavirus debe ser voluntario, establecerá este miércoles la Comisión Europea (CE), en un paquete de medidas pensadas para la reapertura de las fronteras y la vuelta del turismo a la Unión Europea.

La AEPD publica un informe en el que analiza la utilización del reconocimiento facial para realizar exámenes

• Las técnicas de reconocimiento facial con fines de identificación biométrica suponen un tratamiento de categorías especiales de datos para los que el Reglamento exige garantías reforzadas
• El informe jurídico pone de manifiesto que el consentimiento por parte del alumno sólo puede considerarse libre y, por tanto, válido, cuando se haya ofrecido una alternativa equivalente en cuanto a duración y dificultad
• Asimismo, si se optase por basar en el interés público el reconocimiento facial de los alumnos, se requeriría de una norma con rango de ley que lo habilitase y estableciera garantías específicas para dichos tratamientos

1.- ¿Quién es Ofelia Tejerina? ¿A qué se dedica y cuál es su objetivo profesional?

Ejerzo la Abogacía desde hace casi 20 años. Mi especialidad es el Derecho de las tecnologías, y llegué a él por descarte. Al terminar la carrera necesitaba encontrar algo que me motivase para seguir esta profesión, porque al principio no tenía muy claro por dónde tirar. Pero descubrí el mundo de la tecnología. Poco a poco pasé de estudiar la teoría a la práctica, ejerciendo en un despacho y colaborando con la Asociación de Internautas, que han hecho de mí lo que soy hoy profesionalmente. Me considero muy afortunada por haber podido conocer y trabajar de primera mano con los retos más interesantes de la digitalización de la sociedad.

ElevenPaths Radio - 2×05 Entrevista a Ofelia Tejerina

Hoy en día la transmisión de información ha pasado a depender en gran parte de Internet y con ella la ciberseguridad. Sin embargo, no debemos olvidarnos de los canales convencionales, como la radio, que siguen utilizándose en muchas ocasiones para servicios militares, servicios de inteligencia, emergencias, etc. Como cabe esperar, este campo también presenta sus propias vulnerabilidades, por lo que son necesarios unos sistemas de protección adecuados que garanticen que las comunicaciones sean seguras.

Los pasados 5 y 6 de marzo tuvo lugar, en Madrid,  la úndecima edición de  RootedCON, un congreso de seguridad informática Rooted CON que nació con el propósito de promover el intercambio de conocimiento entre los miembros de la comunidad de seguridad. Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, participó con la charla "internautas on the top",  apoyandose en la siguiente presentación:

El Defensor del Pueblo ha decidido no atender el recurso promovido por algunas asociaciones por la inconstitucional del Decretazo (Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones), por entender que su recurso no aportaría nada ya que la Generalitat y el Gobierno Vasco han presentado también recursos en este sentido y señalando la necesidad de que exista un control judicial respecto a ciertas acciones del Gobierno. Aunque hay que resaltar una cuestión muy importante, y es que en los recursos en curso además se hace mucho hincapié en los temas competenciales de ambos territorios, pudiéndose desviar la atención hacia otras cuestiones.

“Hackron" se define como un congreso para Hackers Éticos apoyado ademas por profesionales de la #Ciberseguridad, creemos firmemente en la demostracion de capacidades a traves de ponencias y talleres técnicos que aporten valor al asistente.

La Unión Europea plantea una suspensión de cinco años de esta tecnología a fin de analizar su impacto más notable

Tal y como comentábamos en un anterior reportaje, la Comisión Europea pretende regular la Inteligencia artificial (IA) en los próximos años. Se trata de ver su viabilidad dentro de un marco normativo que proteja los derechos de los ciudadanos.

Por lo que sabemos, su aplicación al reconocimiento facial genera dudas y podría tener una moratoria de cinco años.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado hoy su campaña ‘Por todo lo que hay detrás’, dirigida a promover la utilización del Canal prioritario de la Agencia para denunciar la difusión en Internet de contenidos sexuales o violentos publicados sin el permiso de las personas que aparecen en ellos, en particular, en casos de acoso a menores o violencia sexual contra las mujeres.

EL 28 de Enero, en la sede del Senado, se hacía entrega de los Premios Protección de Datos 2019 que la Agencia Española de Protección de Datos otorga a las personas y entidades, entre las que se encuentra la Asociación de Internautas, cuya labor considera debe ser reconocida por su impacto en la defensa y promoción de la protección de los datos de carácter personal.

Si un cliente ha llevado a cabo la contratación de un servicio, o la adquisición de un producto de un banco, eléctrica u operadora móvil, es habitual que haya dado su consentimiento a través de una llamada telefónica, siendo advertido de que la conversación sería grabada. Ahora, el usuario puede reclamar que le entreguen ese archivo de voz.

El reconocimiento facial está siendo cada vez más utilizado en todo tipo de escenarios, pero en la Unión Europea quieren ir con tiento a la hora de abordar una tecnología que plantea una (nueva) invasión a la privacidad.

Una amplia coalición de organizaciones representativas de la defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas expertos presentarán hoy miércoles un escrito ante el Defensor del Pueblo para promover la nulidad por el Constitucional del ‘Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones ’, conocido como ‘Decretazo Digital’.