La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado esta mañana un escrito ante el Ministerio de Cultura y Deporte en el que expone sus alegaciones a la futura ley que transpondrá la Directiva sobre ‘copyright’ con la que esta Plataforma ha sido muy crítica por su impacto en las libertades en Internet.

La Comisión Europea ha aprobado unas ayudas de 400 millones de euros para el despliegue en España de redes de banda ancha de muy alta velocidad, lo que beneficiará en particular a las empresas y ciudadanos que residen o tienen su sede en zonas del país en las que en la actualidad se recibe una conexión de banda ancha con velocidades insuficientes, o que directamente no cuentan con conectividad.

“A ver si logramos que los gobiernos lo entiendan de una vez”, añade al respecto Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, que detalla a ComputerWorld su visión sobre el presente y futuro de la red de redes y la legislación que rodea al ecosistema digital actual.

Doce meses después, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales  (LOPDGDD) es ya una realidad. Esta norma, fruto de dos años de trabajo en el Parlamento, viene a engarzar con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) e intentar aclarar algunos conceptos. Sin embargo, aún hay zonas grises por definir. La propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) realizaba este jueves pasado una jornada haciendo su valoración de la aportación de dicha norma. Nuestra publicación ha pedido a varios expertos su opinión de esta normativa de privacidad.

La presidenta de la Asociación de Internautas, doctora en Derecho Constitucional y Máster en Informática y Derecho, Ofelia Tejerina, anuncia que varias organizaciones, entre ellas Facua, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y la que ella preside, están estudiando llevar ante el Defensor del Pueblo el Real Decreto-Ley 14/2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, para que recurra su inconstitucionalidad.

El Tribunal de Justicia de la UE decidirá la legalidad de esta práctica, que se ha extendido por toda Europa y afecta a varios miles de usuarios españoles. Los reclamantes rastrean las redes P2P en busca de infractores y exigen a las teleoperadoras que los identifiquen. La Agencia de Protección de Datos ha recibido denuncias y también está investigando

Este miércoles 27 de noviembre el congreso de los diputados ha dado vía libre por muy amplia mayoría al Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre por el cual el gobierno, este, el siguiente o el que venga, podrá intervenir con “carácter excepcional y transitorio” redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Las comillas son nuestras porque esta ley tiene mucha chicha y desde la primera línea es un despropósito tras otro con tintes de dictadura orwelliana. Porque ¿quién considera qué es de carácter excepcional? Pues el mismo gobierno.

El Ministerio de Defensa ha prohibido el acceso a sus sistemas usando dispositivos de la marca Huawei; la compañía china fue acusada de espionaje.

Hoy, a las 15:35 (UTC + 1) del 25 de noviembre de 2019, RIPE ha realizado la última asignación / 22 IPv4 con las últimas direcciones que quedaban disponibles en este grupo. RIPE ya había anticipado y planeado el agotamiento de IPv4 desde hace mucho tiempo.

Un tribunal federal de Boston dictaminó el 12 de Noviembre que las búsquedas sospechosas, en los dispositivos electrónicos de los viajeros, por parte de agentes federales en aeropuertos y otros puertos de entrada de Estados Unidos son inconstitucionales. El gobierno de EEUU debe tener una sospecha razonable de contrabando digital antes de buscar en los dispositivos electrónicos en la frontera de los EE. UU.

Hoy publica Nosoloaytos una nueva entrega de la sección “10 preguntas a…“, un pequeño cuestionario al que responde Ofelia Tejerina, con quien ha hablado de la Asociación de Internautas que ella preside, de privacidad, de Derecho Digital, de inteligencia artificial y de resistencia al cambio, entre otras cuestiones. Ofelia es (abriendo CV modo abreviado)… “Abogada, Máster en Derecho Informático, Doctora en Derecho Constitucional por la UCM, y doctoranda en la U. Pontificia Comillas. Premio CONFILEGAL 2018 en la categoría “LegalTech”; Presidenta de la Asociación de Internautas; Patrona de la Fundación España Digital; Miembro del Comité Científico de la revista TELOS, de la Fundación Telefónica; Autora del libro “Seguridad del Estado y Privacidad”; Profesora Asociada en U. Rey Juan Carlos I y en el Instituto de Empresa; Profesora de posgrado en U. Comillas – ICADE, U. San Pablo CEU, U. Nebrija y Colegio de Abogados de Madrid. Colaboradora habitual de entidades públicas y privadas cuyo objetivo es la concienciación sobre el buen uso de las tecnologías, como Pantallas Amigas”. ¡Muchas gracias por compartir!

Para bien o para mal, internet ha transformado por completo la forma en la que el ser humano se comunica. La red, y plataformas como Twitter o Facebook, no solo han ayudado a que la sociedad tenga toda la información del mundo a un solo "click" de distancia, sino que también han influido a la hora de garantizar la libertad y la seguridad de las personas, especialmente de aquellas que habitan en países en vías de desarrollo.

Internautas han criticado el decreto que permite al Gobierno intervenir redes sociales o servicios de comunicaciones electrónicas cuando supongan una amenaza para el orden público, y han señalado que cuando se trata de medidas que afectan a las libertades ciudadanas debería intervenir un juez.

El Gobierno nos regalaba ayer en el BOE un decretazo que le atribuye competencias digitales que la Constitución reservaba para situaciones extremas, y solo previsibles mediante la declaración del estado de excepción.