La directiva de Copyright aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de setiembre no satisface a los expertos y a la sociedad civil  que ven aún lagunas en su articulado en  estos momentos se está llevando a cabo un Trilogo,  que son negociaciones entre Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo, de donde tendrá que salir el artículado definitivo de la Directiva y cuya finalización y resultados se desconocen.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Asociación de Internautas, FACUA-Consumidores en Acción, ADIGITAL, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Asociación Española de Startups han difundido hoy un manifiesto conjunto en el que muestran su rechazo a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada hace solo una semana en el Congreso y que ahora se está tramitando de forma urgente en el Senado. De hecho, el próximo viernes acaba el plazo para que los Grupos Parlamentarios presenten enmiendas a esta norma.

El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual en España fue publicado en el BOCG el pasado día 27 de noviembre, y sorprendentemente recoge la “enmienda 32 de los Grupos GP, GS y GCs”, que se refiere a la letra b) del apdo. 6 del art. 195. Es decir, se acepta lo siguiente: “La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. O lo que viene siendo el típico “los jueces no pueden hacer su trabajo, quítalos que ya lo hago yo”.

Internautas y empresarios se han opuesto hoy a la futura ley europea de derechos de autor (copyright), porque su polémico artículo 13 obligará a las plataformas digitales a ser "policía y juez" de los contenidos protegidos que se suben a Internet.

La Comisión de Cultura del Congreso aprueba, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, el nuevo texto para la Ley de Propiedad Intelectual que dota a la Sección Segunda de mayores competencias. El portal de Transparencia ha rechazado en el pasado hacer público el organigrama de la sección, conocida en su día como “Comisión Sinde”.

En 2011 no fue posible, pero en 2018 sí. Tres de los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, PP, PSOE y Ciudadanos, han acordado la eliminación de la figura del juez en el proceso de cierre de una página web. Concretamente, no será necesaria una autorización judicial para cerrar sitios que incumplan reiteradamente la Ley de Propiedad Intelectual.

Así lo ha aprobado la Comisión de Cultura del parlamento español en la ponencia parlamentaria para la reforma de la también conocida como ley Sinde o ley Sinde-Wert. Un primer paso para su puesta en marcha siempre y cuando reciba el visto bueno del pleno del Congreso y la aprobación por parte del Senado, dos trámites que se dan por hechos teniendo en cuenta el amplio acuerdo político previo.

Julia Reda. Con cada entrada o actualización del blog que escribo, intento ilustrar por qué hoy es un día decisivo en las negociaciones de la reforma del copyright. El proceso legislativo puede parecer inacabable y repetitivo -de hecho, las mismas críticas sobre los artículos 11 y 13 se mantienen a día de hoy, como lo hacían hace un año - pero el hecho es que nos acercamos al final. Cada reunión es más decisiva que la anterior.

La Asociación de Internautas  junto con otras cincuenta y tres ONGs , ha enviado una carta al Consejo de la Unión Europea  sobre la nueva Directiva de derechos de autor, antes de una reunión crucial sobre este asunto que mantendrán este viernes 23 de noviembre.

Poder decorar de forma legal un blog, una página web o un proyecto con imágenes, en ocasiones puede suponer un gasto extra que no todo el mundo puede permitirse. Por esta razón, en muchas ocasiones se acaba tendiendo a tirar de Google y poner la primera fotografía que se encuentre sin tener en cuenta la manera en la que esto puede perjudicar a su autor.

 

Desde que en 2016 la Comisión Europea lanzase su propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el mercado único digital la polémica ha ido en aumento, llegando a hablarse del apocalipsis de Internet, el fin de la libertad de expresión y otros similares. Ahora que parece que su tramitación entra en su fase final, tras el reciente paso por el Parlamento Europeo,  vamos a tratar de fijar y comentar en esta sesión los temas polémicos y menos polémicos y vislumbrar el panorama esperable, de la mano de tres especialistas con diferentes puntos de vista y opiniones.

Los representantes de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento están negociando actualmente una solución de compromiso para la nueva Directiva de derechos de autor. Lamentablemente, casi podemos asegurar que esta Directiva contendrá un derecho de autor auxiliar para los editores de prensa. Sin embargo, la redacción exacta no es definitiva todavía. El intríngulis está en los detalles, como muestra la propuesta del Parlamento.

Bajo la premisa de que la lucha es "contra Google", esta nueva ley a quien más perjudica es al usuario, un elemento que se ha pasado por alto en todo este proceso.

En una decisión sin precedentes, Europa vuelve a atacar la mano que le da de comer. No es de extrañar situaciones como el Brexit, cuando los ciudadanos británicos, hartos ya de que no sólo no les representen los burócratas de Bruselas sino que además los ataquen, deciden abandonar la Unión con mucha logica. Con decisiones así, tampoco es de extrañar que poco a poco más países vayan siguiendo los pasos de Reino Unido en el futuro.

Pedro Mier, presidente de AMETIC; Carina Szpilka, presidenta de ADIGITAL; José Luis Colás Giraldos, presidente de iCmedia; José Carrero García, presidente de ASGECO Confederación; Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups; y y Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, se han unido para rechazar la propuesta de la Directiva Europea de Copyright realizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y manifestar su sorpresa y decepción ante la postura del Gobierno sobre ésta. Además, es particularmente preocupante que no se ha contado con la opinión de los demás interesados, representantes de la industria tecnológica, usuarios, consumidores, internautas y startups